El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo participan en un esquema de robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) para comercializar el producto con empresas estadounidenses, reveló un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos. La alerta publicada el 1 de mayo detalla que los grupos criminales utilizan intermediarios mexicanos y empresas cómplices en la frontera suroeste de EE.UU. para introducir el petróleo crudo robado disfrazado como «aceite usado» o materiales peligrosos.
De acuerdo con el documento, el robo de combustible, conocido en México como huachicol, representa pérdidas de miles de millones de dólares para Pemex y es una fuente significativa de ingresos para los cárteles. El producto es obtenido mediante sobornos a empleados de Pemex o perforación ilegal de ductos, y después transportado a territorios controlados por las organizaciones criminales. Finalmente, es cruzado a Estados Unidos, donde empresas locales colaboradoras lo introducen en el mercado negro.
El mismo día de la publicación de la alerta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres integrantes del CJNG —César Morfín, Álvaro Morfín y Remigio Morfín— así como contra las empresas Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística. Estas sanciones buscan frenar una red que, según las autoridades estadounidenses, diversificó sus operaciones del narcotráfico hacia el robo y contrabando de crudo.
César Morfín, alias El Primito, lidera una red que compra petróleo robado con la ayuda de empleados corruptos de Pemex y controla rutas de cruce entre Tamaulipas y Texas, donde también cobra tarifas a transportistas. La organización falsifica documentos aduaneros para facilitar el cruce del hidrocarburo y su posterior venta a gasolineras minoristas en Estados Unidos. Las dos empresas sancionadas son señaladas como fachadas del CJNG.
Esta no es la primera ofensiva de Washington contra el robo de combustible mexicano. En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades vinculadas a las actividades de huachicol del CJNG. Estas medidas son parte de una estrategia iniciada durante la administración de Donald Trump, cuando los cárteles mexicanos fueron clasificados como organizaciones terroristas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que su gobierno seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para combatir implacablemente a los cárteles que afectan a ambos países. Señaló que el robo de hidrocarburos no solo financia al CJNG, sino que contribuye a la violencia y desestabilización en ambos lados de la frontera.
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado recientemente las acciones contra el CJNG en los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, lo que ha generado enfrentamientos, bloqueos y ataques a infraestructura en al menos treinta municipios. La organización, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue siendo considerada una de las más peligrosas y buscadas por las autoridades estadounidenses.
Reflexión: La convergencia entre narcotráfico y robo de hidrocarburos muestra cómo los cárteles se adaptan y diversifican sus negocios ilícitos para mantenerse financieramente robustos, ampliando las amenazas tanto para la seguridad de México como de Estados Unidos.
