La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un plan integral de 14 puntos para enfrentar la crisis habitacional, el alza en los precios de las rentas y los efectos nocivos de la gentrificación que han desplazado a comunidades enteras en zonas céntricas de la capital. El proyecto busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada a través de reformas legales, inversión pública y colaboración con el sector privado, comenzando por las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde la presión inmobiliaria y el turismo han disparado los precios hasta en 25%.
El plan contempla la creación de una ley de rentas justas y asequibles, que asegure que los precios no superen el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), así como el establecimiento de un índice razonable de precios de alquiler y la categorización de zonas de alta tensión inmobiliaria. Brugada afirmó que la intención es evitar que el acceso a la ciudad se convierta en un privilegio y frenar el desplazamiento forzado de los habitantes tradicionales. También se anunció la creación de la Defensoría de Derechos Inquilinarios, que ofrecerá asistencia legal y mediación a arrendatarios ante abusos.
Entre los ejes más relevantes del plan destaca una inversión inicial de 9 mil millones de pesos este año, el doble que en ejercicios anteriores, con lo que se pretenden realizar 200 mil acciones de vivienda hasta 2030. Ya se han entregado 2,500 viviendas y están en proceso de construcción otros 20 mil departamentos públicos. Adicionalmente, se ha anunciado un acuerdo con la iniciativa privada para invertir 10 mil millones de pesos en obra pública, ampliando la oferta de vivienda asequible.
El programa también contempla incentivar el comercio local con estímulos económicos y preservar el entorno social de barrios tradicionales. Para ello, se lanzará un programa de arraigo comunitario con el objetivo de evitar el desplazamiento de negocios con fuerte vínculo barrial y fortalecer la economía de oficios tradicionales. En barrios como Roma, Condesa y Escandón, donde se han dado protestas por la especulación inmobiliaria, los habitantes serán parte de los foros y mesas de trabajo que debatirán las medidas.
Otro punto clave es la regulación de las plataformas de hospedaje temporal, como Airbnb, cuyas operaciones han sido señaladas por su papel en el alza de rentas. Aunque aún no se han dado detalles sobre el alcance de las regulaciones ni las sanciones, Brugada aseguró que este tema será discutido ampliamente en el Congreso local. Además, se instalará un Observatorio de Suelo y Vivienda que dará seguimiento al cumplimiento de las políticas y a la evolución del mercado inmobiliario.
La mandataria capitalina reconoció que más del 70% de la población vive en condiciones de hacinamiento, y que en las últimas décadas la ciudad ha crecido de manera caótica, multiplicando por nueve su población en un siglo. La gentrificación ha tensado muchas colonias, donde los conflictos y altercados recientes son muestra del descontento social. Por eso, insistió en que se trata de un fenómeno global que debe abordarse con urgencia y responsabilidad desde una visión de justicia social.
La presentación del plan reunió a funcionarios de distintas secretarías, alcaldes, legisladores y ciudadanos. Clara Brugada hizo un llamado a que todos los sectores participen en el debate, incluyendo a quienes han encabezado movilizaciones recientes. “Tenemos la obligación de atender esto”, dijo, tras señalar que la Ciudad de México será pionera en América Latina al implementar un modelo de defensa del derecho a la vivienda y de estabilización del mercado de renta.
La jefa de Gobierno propuso construir un frente social que respalde este modelo de intervención estatal, que enfrente la especulación, priorice el arraigo y la convivencia, y haga de la vivienda un derecho accesible para todos. Aunque falta afinar detalles legislativos, su administración ya dio el primer paso al lanzar el Bando número 1 que marca el inicio de este proceso estructural, progresivo y, según Brugada, incluyente.
