El Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno, con los magistrados Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin en favor de la condena, mientras que Luiz Fux votó por absolver al expresidente. La defensa de Bolsonaro calificó la sentencia como “excesiva y desproporcionada” y anunció que apelará incluso en instancias internacionales.
El fallo histórico también alcanzó a siete excolaboradores del exmandatario, entre ellos altos mandos militares retirados como Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira y Almir Garnier. Todos fueron acusados de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y daños al patrimonio público. Se trata de la primera vez que oficiales de rango máximo de las Fuerzas Armadas brasileñas enfrentan condenas de esta magnitud por un caso de conspiración golpista.
La sentencia está vinculada con los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto en Brasilia, en un hecho que fue comparado con el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Aunque Bolsonaro no se encontraba en el país, los jueces concluyeron que había encabezado una estrategia para desacreditar el sistema electoral, fomentar el caos institucional y mantenerse en el poder.
Las investigaciones revelaron que colaboradores cercanos incluso elaboraron planes para asesinar a Lula da Silva, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes. Asimismo, se descubrió un borrador de decreto que planteaba detener a jueces del Supremo y convocar nuevas elecciones. Aunque Bolsonaro discutió estas propuestas con mandos militares, la falta de respaldo de los jefes de tierra y aire impidió que se concretaran.
La condena provocó fuertes reacciones internacionales. Donald Trump, aliado del expresidente brasileño, expresó sorpresa y lo defendió calificándolo de “un buen hombre”. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tildó la decisión como “injusta” y acusó a Moraes de persecución política. Washington incluso sancionó al magistrado bajo la Ley Global Magnitsky, lo que tensó aún más la relación bilateral.
Para los fiscales brasileños, el complot comenzó en 2021 tras la liberación de Lula, cuando Bolsonaro intensificó sus ataques al sistema electoral y difundió dudas sobre las urnas electrónicas sin pruebas. Pese a esas maniobras, Lula ganó la segunda vuelta con el 51% de los votos frente al 49% del entonces presidente. Desde entonces, el líder derechista se encerró en el Palacio de la Alvorada, y tras su salida denunció persecución en su contra, mientras su hijo Eduardo buscó apoyo político en Estados Unidos.
El caso refuerza la percepción de que Bolsonaro intentó replicar en Brasil un escenario similar al vivido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio en 2021. Para sus opositores, la condena simboliza un precedente contundente contra quienes intenten vulnerar la democracia; para sus aliados, se trata de un ejemplo de “lawfare” o persecución judicial. En cualquier caso, el futuro político del exmandatario queda sellado con una pena que lo aparta de la vida pública durante casi tres décadas.
