Bayer recibió un nuevo revés judicial en Estados Unidos tras ser condenada a pagar 2.065 millones de dólares (1.900 millones de euros) a un demandante que asegura que el herbicida Roundup, basado en glifosato, le provocó cáncer. La sentencia fue emitida por un jurado en Georgia y representa una de las indemnizaciones más altas impuestas en este tipo de litigios. Este fallo se suma a una serie de demandas contra la compañía desde que adquirió Monsanto en 2018, las cuales ya le han costado cerca de 10.000 millones de dólares en acuerdos y sanciones.
El demandante, John Barnes, argumentó que el uso prolongado del herbicida le causó linfoma no Hodgkin y acusó a Monsanto de no advertir sobre los riesgos del producto. Durante el juicio, su equipo legal presentó documentos internos de la empresa que, según la defensa, demostraban intentos de ocultar información sobre los peligros del glifosato. Los abogados de Barnes aseguraron que la compañía minimizó estudios científicos que vinculaban el químico con el cáncer y presuntamente intentó influir en las investigaciones para evitar un impacto negativo en su negocio.
A pesar del veredicto, Bayer insiste en la seguridad de Roundup y anunció que apelará la sentencia. La empresa sostiene que la decisión del jurado contradice la evidencia científica y el consenso de organismos reguladores, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que ha defendido el uso del glifosato bajo ciertas condiciones. No obstante, la compañía ya ha enfrentado múltiples fallos adversos en casos similares y ha tenido que reducir el impacto financiero mediante negociaciones y apelaciones.
Desde la compra de Monsanto por 63.000 millones de dólares en 2018, Bayer ha intentado contener el impacto legal de Roundup. El director ejecutivo de la empresa, Bill Anderson, aseguró que el objetivo es reducir estos litigios para 2026. Hasta ahora, la compañía ha gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares en acuerdos legales de los 16.000 millones que había reservado para afrontar estas demandas. Aun así, más de 60.000 casos continúan pendientes, lo que podría generar nuevas sanciones económicas en el futuro.
Ante la creciente presión legal y financiera, Bayer ya contempla una ampliación de capital para enfrentar posibles pagos adicionales. La compañía informó a sus accionistas sobre esta posibilidad en marzo, destacando que aunque tiene provisionados 5.900 millones de dólares, podría necesitar más fondos para resolver las reclamaciones actuales y futuras. Sus acciones han caído un 70% desde la adquisición de Monsanto, reflejando la preocupación de los inversores sobre la viabilidad del negocio agrícola en medio de estas controversias.
El impacto económico de estas sentencias se refleja en los resultados financieros de Bayer. En el cuarto trimestre de 2024, la compañía reportó pérdidas de 335 millones de dólares, aunque logró reducirlas en comparación con trimestres anteriores. Sin embargo, los analistas advierten que 2025 será un año de transición, con expectativas de caída en beneficios y pocas posibilidades de reducir la deuda. La empresa confía en que la escisión de su división de consumo y una reestructuración interna le permitirán mejorar su estabilidad a mediano plazo.
Además de los litigios, Bayer enfrenta el desafío de mantener la comercialización de Roundup en Estados Unidos. La empresa ha advertido que podría retirar el producto si no se refuerzan las protecciones legales contra demandas sobre responsabilidad civil. La discusión sobre la regulación del glifosato sigue abierta, con posturas enfrentadas entre sectores industriales y grupos de defensa del consumidor. A medida que se intensifican los litigios, la incertidumbre sobre el futuro del herbicida y su impacto en Bayer continúa en aumento.
