El Gobierno de Veracruz y el Poder Judicial mantienen abiertas diversas líneas de investigación sobre una presunta red de fraudes y despojos inmobiliarios que habría operado durante años en distintas regiones del estado, principalmente en Xalapa, Perote y San Rafael. Las autoridades estatales han reiterado que no habrá protección para funcionarios o particulares involucrados y que los casos se llevarán hasta sus últimas consecuencias conforme a la ley.
La Secretaría de Gobierno precisó que no se trata de un “cártel” en el sentido criminal tradicional, sino de un entramado de defraudadores integrado por notarios, personal del Registro Público de la Propiedad, abogados y particulares. Este grupo habría aprovechado vacíos legales y posibles complicidades institucionales para despojar de sus bienes a ciudadanos, especialmente a personas adultas mayores.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que esta red operaba desde hace varios años, pero fue detenida en la actual administración estatal. Detalló que entre las prácticas detectadas se encuentran el uso indebido de sellos oficiales, la inscripción irregular de contratos privados, la agilización de trámites mediante pagos extraoficiales y la participación de pseudoabogados que se enfocaban en sectores vulnerables.
Ahued Bardahuil advirtió que existe una instrucción directa de la gobernadora Rocío Nahle García para que no quede impune ningún caso relacionado con estos fraudes inmobiliarios. Confirmó que ya se han detectado funcionarios públicos en activo dentro de esta red y que “quien tenga que ver, que tiemble”, al señalar que las investigaciones van en serio y alcanzarán a abogados, personal del Registro Público y a integrantes de cualquier poder que haya participado.
Como parte de las acciones, a partir del lunes 9 de febrero comenzaron revisiones en notarías del estado, derivadas de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Veracruz. El funcionario explicó que el problema no se limita a las notarías, sino a toda una red que incluye a abogados de otros estados y a intermediarios que operaban aprovechando contextos legales para cometer despojos.
De acuerdo con el marco legal vigente en Veracruz, los presuntos delitos encuadran en tipos penales como fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso de documento falso, los cuales pueden alcanzar penas de prisión y sanciones económicas, sobre todo cuando existe participación de servidores públicos o afectación patrimonial reiterada.
Asimismo, la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz faculta al Ejecutivo a realizar visitas de inspección ordinarias y extraordinarias a las notarías cuando existan indicios de irregularidades, con la posibilidad de suspender temporalmente o revocar patentes notariales. Estas facultades han sido señaladas como clave para documentar y frenar esquemas de despojo inmobiliario y atender a las víctimas, particularmente a personas adultas mayores.
