Colombia enfrenta una ola de violencia que ha dejado al menos 18 muertos y más de 60 heridos tras dos ataques ocurridos este jueves. El primero fue un atentado con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, y el segundo, el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia. Ambos hechos fueron atribuidos por el presidente Gustavo Petro a disidencias de las FARC, específicamente a la columna Carlos Patiño y al Estado Mayor Central (EMC).
El ataque en Cali fue perpetrado con cilindros bomba ocultos en un camión, lo que provocó una fuerte explosión cerca de la base militar, afectando viviendas y comercios de la zona. La detonación dejó seis civiles muertos, numerosos heridos y obligó a evacuar edificios cercanos. La alcaldía decretó estado de emergencia y reforzó los controles en la ciudad, mientras que se ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información que ayude a esclarecer el hecho.
Paralelamente, en Amalfi, un helicóptero de la Policía fue derribado presuntamente mediante el uso de un dron cargado con explosivos, lo que provocó la muerte de 12 agentes. El hecho fue calificado como “acción terrorista” por el general Carlos Fernando Triana. Inicialmente se atribuyó al Clan del Golfo, pero después las autoridades señalaron al EMC como responsable, en una operación liderada por alias Calarcá.
Las investigaciones apuntan a que el ataque en Cali fue ejecutado por dos hombres que transportaban explosivos y huyeron tras la detonación. Uno de ellos, identificado como alias Sebastián, fue detenido gracias a la intervención de ciudadanos. Las autoridades aseguran que este sujeto pertenece a una estructura dirigida por Iván Jacob Idrobo, alias Marlon, dentro del EMC.
Los ataques ocurren en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el Valle del Cauca y Antioquia, donde confluyen disidencias de las FARC, facciones paramilitares y el ELN. Estas organizaciones mantienen una pugna territorial por el control del narcotráfico y de rutas estratégicas, generando un aumento de la inseguridad que recuerda a las décadas más violentas del país.
El presidente Petro calificó lo ocurrido como “un día de muerte” y vinculó los ataques a una reacción tras la incautación de miles de municiones y explosivos en el Cañón del Micay. Además, anunció que grupos como la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y disidencias leales a Néstor Gregorio Vera serían oficialmente declarados “organizaciones terroristas”.
Aunque en un primer momento se habló de un posible estado de conmoción interior, esta medida fue descartada por el gobierno. En su lugar, se instaló un Puesto de Mando Unificado en Cali para coordinar acciones militares y de seguridad, además de reforzar la presencia de las fuerzas armadas en la región.
Expertos advierten que, aunque la situación no alcanza los niveles de violencia de los años 80 y 90, los recientes ataques evidencian que los grupos armados han recuperado capacidad para ejecutar acciones complejas y simultáneas. Esta coyuntura incrementa la presión sobre el gobierno de Petro, cuya política de diálogo con los insurgentes enfrenta crecientes críticas por parte de la oposición y sectores de la sociedad civil.
