El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no cancelará ninguna de las 26 candidaturas judiciales impugnadas por el Congreso hasta después de las elecciones del próximo 1 de junio, rechazando la solicitud presentada por los presidentes de ambas cámaras legislativas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna. Los legisladores pretendían retirar las postulaciones de aspirantes cuestionados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada o por no cumplir con los requisitos académicos establecidos. Durante la sesión del Consejo General, los consejeros coincidieron en que el organismo carece de atribuciones constitucionales o legales para cancelar estas candidaturas en la etapa actual del proceso electoral.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfatizó que la certeza y claridad en las reglas son esenciales para mantener la confianza ciudadana. Aseguró que la verificación de los requisitos de elegibilidad ya fue realizada por los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al momento del registro de las candidaturas. «Actuamos libre de presiones, con autonomía técnica y estrictamente apegados a derecho», subrayó Taddei, descartando que el organismo pueda intervenir antes de la jornada electoral. La consejera Dania Ravel añadió que aceptar la petición del Congreso implicaría invadir facultades de otras instancias.
En su resolución, el INE aprobó la cancelación de 17 candidaturas: nueve por renuncia expresa de los contendientes y ocho por incompatibilidad al haber sido postulados para más de un cargo. Sin embargo, las 26 candidaturas cuestionadas por falta de probidad o por presuntos nexos criminales permanecerán vigentes durante la jornada electoral, y solo serán revisadas en caso de que sus titulares resulten electos. Los consejeros coincidieron en que los comités de evaluación fueron los responsables de revisar la idoneidad de los perfiles, por lo que no corresponde al INE cubrir omisiones ajenas.
La consejera Claudia Zavala lamentó que ahora se pretenda endosar al INE una responsabilidad que originalmente correspondía a las instancias que validaron las postulaciones. “No estamos ante un hecho nuevo, sino ante omisiones previas de los comités”, advirtió. La consejera Carla Humphrey recordó que ni la Constitución ni la ley electoral contemplan la cancelación de candidaturas por revisiones posteriores a su registro, salvo antes de la entrega de constancias de mayoría. Será en esa etapa cuando el INE pueda analizar documentos que acrediten posibles causales de inelegibilidad, como antecedentes de violencia o morosidad alimentaria.
El consejero Uuc-Kib Espadas coincidió en que el Instituto no puede asumir facultades que no le competen. “Estamos resolviendo sobre la marcha problemas que no generamos”, manifestó, recalcando que el INE solo podrá negar constancias de elección a quienes resulten ganadores si hay pruebas contundentes en su contra. A su vez, los consejeros Arturo Castillo y Claudia Zavala respaldaron esta postura, destacando que cualquier decisión debe proteger el principio de certeza tanto para los candidatos como para los electores.
El oficialismo había buscado la revisión urgente de las candidaturas ante la preocupación de que aspirantes con señalamientos por vínculos criminales accedan a cargos sensibles dentro del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó previamente su interés en evitar ese escenario, pero la negativa del INE representa un revés político para Morena y sus aliados. Las impugnaciones originales acusaban la falta de probidad de los aspirantes y deficiencias en sus antecedentes académicos, pero no prosperaron.
El próximo 1 de junio se renovará, por primera vez mediante voto popular, a la mitad del cuerpo judicial del país con casi 900 cargos en disputa a nivel federal. A pesar del rechazo actual, el INE dejó abierta la puerta para revisar las candidaturas ganadoras tras la elección si se presentan pruebas sólidas. La decisión garantiza que las campañas puedan continuar sin alteraciones de última hora, pero también deja en suspenso un tema que podría volver a tensar el escenario político tras la jornada electoral.
