La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la creación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en medio de fuertes críticas por parte de la oposición, que la ha calificado como una “Ley Espía”. Esta reforma autoriza el acceso a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de una orden judicial, y fue respaldada por Morena, PT, PVEM, MC y el PAN con 445 votos a favor, mientras que el PRI fue el único partido que votó en contra, con 37 sufragios. El dictamen fue modificado en su totalidad la madrugada previa a su discusión, lo cual fue denunciado como un “albazo legislativo”.
Entre los cambios más controvertidos se encuentra la eliminación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, propuesto inicialmente para asociar líneas telefónicas con identidades verificadas. Sin embargo, se mantuvo la facultad del gobierno para acceder sin autorización judicial a registros privados. También se eliminaron las referencias a que la seguridad pública debe tener carácter civil y se otorgaron nuevas atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, como la suspensión de fondos federales a municipios que incumplan sus acuerdos.
Durante el debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, denunció que las modificaciones fueron “engañosas” y acusó una concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Por su parte, legisladores del PAN protestaron con pancartas de “Ley Espía” y aunque votaron a favor de algunos apartados que fortalecen instituciones de seguridad, se manifestaron en contra del espionaje. El diputado Israel Damián advirtió que la ley “legaliza” el acceso del gobierno a la información privada de los ciudadanos.
Morena, en defensa de la reforma, aseguró que esta no promueve el espionaje, sino que busca combatir delitos como la extorsión y el secuestro que se amparan en el anonimato digital. La diputada Julieta Arcelia Olguín declaró que se trata de una herramienta para “cerrar espacios al crimen”, mientras que Jessica Saiden, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó la nueva legislación como un “modelo de seguridad con rostro humano”.
La reforma también plantea la creación del Sistema Nacional de Información, el cual integrará registros como el de armamento, detenciones, vehículos robados, denuncias anónimas, entre otros. Además, se establece el modelo de mando único policial, permitiendo que el estado asuma el control operativo y administrativo de la seguridad pública en municipios que lo soliciten o que carezcan de cuerpos policiales.
La oposición criticó la falta de transparencia y el apresuramiento del proceso. Rubén Moreira, coordinador del PRI, calificó la iniciativa como un intento autoritario por centralizar el control del Estado. Aseguró que los cambios eliminan la colaboración con los estados y que el proyecto fue modificado de madrugada, impidiendo su análisis adecuado. “Esto no es una reserva, es una ley nueva. Estamos ante prácticas propias de regímenes fascistas”, sostuvo.
La minuta ha sido turnada al Senado de la República, donde será discutida en comisiones antes de presentarse al pleno el próximo 30 de junio. Aunque Morena y sus aliados cuentan con mayoría, el debate promete ser intenso ante la preocupación de sectores sociales y académicos por las posibles implicaciones de vigilancia y violaciones a la privacidad ciudadana.
