La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), propuesta por el Gobierno Federal como parte de un plan de reestructuración administrativa, podría triplicar los costos operativos de las empresas de telecomunicaciones, según analistas del sector. La eliminación del organismo regulador implicaría que estas compañías deban gestionar trámites y licencias ante diversas dependencias gubernamentales, lo que incrementaría su carga administrativa.
Actualmente, el IFT centraliza la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, asegurando un trato imparcial y eficiente para los actores de la industria. Su desaparición transferiría estas responsabilidades a otras instituciones, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que podría fragmentar los procesos y generar mayor burocracia.
Especialistas del sector señalan que esta medida no solo afectaría a las empresas, sino también a los consumidores, quienes podrían enfrentar aumentos en los precios de los servicios debido a los mayores costos operativos de las compañías. Además, se teme que la falta de un regulador especializado podría derivar en una menor competencia y en un deterioro de la calidad de los servicios.
Por su parte, las empresas han expresado su preocupación por la incertidumbre que genera esta propuesta. Argumentan que el IFT ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector, promoviendo la inversión, la innovación y el acceso a servicios de calidad para los usuarios.
Organismos internacionales también han advertido sobre las posibles implicaciones de esta decisión. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha señalado que la desaparición de un regulador autónomo podría afectar la estabilidad del sector en México y desincentivar la inversión extranjera.
Mientras el debate continúa, diversos expertos y actores de la industria han llamado al gobierno a reconsiderar la propuesta, subrayando la importancia de mantener un regulador independiente que garantice la competitividad, la transparencia y el acceso equitativo a las telecomunicaciones en el país.
