La suspensión del transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río provocó una parálisis casi total de ambos municipios, luego de que concesionarios decidieran frenar el servicio como respuesta a los operativos estatales por el aumento ilegal en el pasaje. Durante varias horas, miles de personas quedaron varadas en paradas de camiones sin poder trasladarse a sus trabajos, escuelas o realizar actividades básicas.
Desde temprana hora, calles del centro de Veracruz y de colonias periféricas lucieron prácticamente vacías, mientras que la única alternativa de movilidad fueron taxis y vehículos particulares. Esta situación generó un impacto económico directo en las familias, ya que los traslados representaron un gasto adicional no previsto para amplios sectores de la población.
El conflicto se originó luego de que, el pasado 28 de enero, transportistas incrementaran de manera unilateral el costo del pasaje, que pasó de 9 pesos a tarifas de 12, 15 y hasta 18 pesos, dependiendo de la ruta. Además, se eliminó el subsidio a estudiantes y personas de la tercera edad, lo que generó inconformidad entre los usuarios del servicio.
Ante esta situación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que no existe autorización alguna para elevar las tarifas en la zona conurbada. La mandataria advirtió que el Estado puede aplicar sanciones e incluso retirar concesiones a quienes incurran en cobros arbitrarios que afecten a la ciudadanía.
Por instrucción de la gobernadora, la Dirección de Transporte Público desplegó operativos en Veracruz y Boca del Río para apercibir a los choferes y evitar el cobro de sobreprecios. Nahle García subrayó que las concesiones son otorgadas por el gobierno estatal y que se actuará conforme a la ley para proteger a los usuarios del servicio.
En respuesta a estas acciones, los concesionarios suspendieron totalmente el servicio y decenas de operadores se concentraron a las afueras de instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí exigieron una mesa de diálogo con las autoridades para negociar un nuevo esquema tarifario que, aseguran, refleje el aumento en costos de combustible y refacciones.
Los transportistas argumentaron que desde hace más de 10 años no se autoriza un incremento al pasaje, pese al encarecimiento de los insumos, por lo que consideran inviable mantener la tarifa de 9 pesos. Indicaron que el paro se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo favorable y no descartaron que conflictos similares se repliquen en otras regiones del estado.
