La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que la detención del periodista Rafael León Segovia no está relacionada con su labor periodística ni con un atentado a la libertad de expresión, sino con un proceso legal que se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de instancias federales. La mandataria subrayó que el Poder Ejecutivo no interviene en investigaciones penales y que corresponde únicamente a la Fiscalía conducir el caso conforme a la ley.
Nahle García explicó que solicitará a la Fiscal General del Estado ofrecer una entrevista o emitir un boletín informativo para detallar los elementos que sustentan la imputación. Señaló que no puede abundar en información para no vulnerar el debido proceso, y reiteró que el respeto a la autonomía de las instituciones de procuración de justicia es un principio central de su administración.
La gobernadora enfatizó que ante hechos judiciales o penales la ley se aplica de manera igualitaria, sin distinción de profesión u oficio. Reiteró que periodistas, reporteros y cualquier ciudadano se encuentran sujetos al mismo marco jurídico, y que cuando existen pruebas y evidencias suficientes, las autoridades deben actuar conforme a derecho.
En ese contexto, rechazó de forma categórica que en Veracruz se limite la libertad de expresión. Aseguró que los medios de comunicación ejercen su labor con amplitud, incluso con críticas constantes hacia su gobierno, sin que exista presión, reclamo o señalamiento desde el Ejecutivo estatal, lo que, dijo, demuestra un ambiente de respeto mutuo.
La Fiscalía General del Estado informó que formuló imputación contra Rafael León Segovia por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, previstos en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz. Tras su detención en Coatzacoalcos el 24 de diciembre, el periodista recibió prisión preventiva oficiosa y su audiencia de continuación fue programada para el 26 de diciembre.
Diversas organizaciones de comunicadores y organismos defensores de derechos humanos solicitaron que el proceso sea transparente y apegado a la ley. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que registra y monitorea el caso, e instó a las autoridades a garantizar las debidas garantías judiciales.
Finalmente, Nahle García llamó a esperar el desarrollo del proceso legal y confió en que tanto la Fiscalía como la defensa del imputado actuarán conforme a la ley. Reiteró que no se puede detener a una persona sin elementos que sustenten una acción de esta magnitud y recordó que el sistema de justicia garantiza el derecho a la defensa y a la réplica.
