El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a colocarse en el centro de la controversia tras publicar en redes sociales que ya cuenta con su tarjeta del Bienestar, con la que recibirá la pensión para adultos mayores de seis mil 200 pesos bimestrales. El mensaje, difundido inicialmente en Facebook, generó una oleada de reacciones al tratarse de un legislador en funciones que percibe ingresos como servidor público.

“Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, escribió el senador, acompañando la publicación con una imagen del plástico. En cuestión de horas, el mensaje se viralizó y fue retomado por distintos actores políticos, quienes cuestionaron la pertinencia de presumir el apoyo social desde una posición de poder y privilegio económico.

Entre las respuestas destacó la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien replicó la publicación en su cuenta de X y aludió a la compra de una casa atribuida a Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, con un valor estimado en 12 millones de pesos. La funcionaria cuestionó si el apoyo del Bienestar le alcanzaría para adquirir una propiedad de ese monto.

El senador respondió de manera directa y con tono confrontativo, al señalar que deseaba que la alcaldesa alcanzara su edad para recibir la pensión y que, aun siendo oposición, se le otorgaría ese derecho incluso si estuviera en prisión. La respuesta avivó aún más la discusión y polarizó las opiniones en redes sociales.

Mientras algunos usuarios defendieron el derecho universal de los adultos mayores a recibir la pensión del Bienestar, otros insistieron en que el debate no se centraba en la legalidad del apoyo, sino en la congruencia política y ética de un legislador que presume beneficios sociales pese a contar con un patrimonio elevado. Los comentarios se dividieron entre respaldo y crítica abierta al senador.

La polémica también reavivó declaraciones previas de Fernández Noroña, quien ha sostenido que no tiene obligación de sujetarse a la política de austeridad republicana impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En septiembre de 2025 afirmó que, si sus ingresos no justifican sus bienes, se le denuncie por enriquecimiento ilegal, y calificó como clasista y racista la expectativa de que viva con limitaciones por su ideología política.

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