La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma la Ley de Aguas marcó un punto de inflexión en la política hídrica nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum formalizara la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio el 12 de diciembre. Desde la Conagua, Efraín Morales sostuvo que la reforma representa un acto de justicia social al reconocer el agua como derecho humano y no como mercancía, destacando que el nuevo ordenamiento introduce controles más estrictos para concesiones, transmisión de derechos y prácticas de aprovechamiento.
Dentro de los cambios sustanciales, se incluyeron límites a la transmisibilidad de concesiones, prórrogas más claras y mecanismos para impedir concentraciones excesivas de agua, así como sanciones más severas contra el robo del recurso y sobre funcionarios que otorguen permisos a cambio de beneficios indebidos. La legislación también incorpora disposiciones para asegurar que actividades agrícolas mantengan sus usos originales aun con cambios de propiedad y para sancionar el traslado ilegal de grandes volúmenes de agua.
En el sector agropecuario, el Consejo Nacional Agropecuario consideró que la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aportarán certidumbre jurídica y ordenamiento en el uso del recurso. Su presidente, Jorge Esteve, afirmó que el nuevo Registro Nacional de Concesiones permitirá transparentar consumos agrícolas, industriales, urbanos y domésticos. También señaló que tras la aprobación legislativa ahora corresponde avanzar en la reglamentación secundaria que deberá estar lista en un plazo de 180 días.
Por su parte, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, resaltó la necesidad de explicar a los productores el alcance del nuevo marco jurídico, al sostener que persisten dudas motivadas por la discusión política. Señaló que, pese a críticas por la velocidad del proceso legislativo, la reforma garantiza la protección del patrimonio de los concesionarios y contribuye a la seguridad alimentaria. Incluso advirtió que ceder agua adicional a Estados Unidos podría afectar estados fronterizos y generar problemas de abastecimiento.
Desde la visión campesina, pequeños productores de Perote, Xico y Naolinco manifestaron su respaldo a la nueva ley al considerar que limitará el acaparamiento por parte de grandes industriales. Productores como Pedro Romero Cortina, agente municipal de Totalco, afirmaron que en zonas agrícolas prevalecen prácticas de desperdicio y pozos ilegales, por lo que la regulación permitirá una distribución más equitativa y un uso más eficiente ante la escasez recurrente.
Otros productores de la región explicaron que, mientras muchos pequeños campesinos dependen del temporal y carecen de infraestructura para almacenar o captar agua, grandes unidades productivas cuentan con medios para construir pozos y represas. Con la reforma, señalaron, se aplicarán medidas para evitar que esas prácticas continúen generando desigualdad y afectando el acceso comunitario en temporadas de sequía.
La nueva Ley General de Aguas fue aprobada en el Congreso con el objetivo de fortalecer la rectoría estatal, prohibir la mercantilización del agua, revisar concesiones y reconocer sistemas comunitarios de gestión. Entre sus disposiciones está la creación del Registro Público de Agua Nacional y la tipificación del robo de agua, medidas que han generado respaldo en sectores campesinos pero también rechazo en organizaciones agrarias que consideran que podrían limitar el uso productivo del recurso.
En Xico, productores como Honorio Flores Hernández señalaron que la expectativa central es que el agua “alcance para todos”, especialmente en comunidades donde la disponibilidad es limitada. Aunque aceptan que aún falta información, confían en que el nuevo marco dará prioridad al consumo humano y domiciliario y evitará la concentración del recurso, lo que permitirá equilibrar el acceso entre población rural, industria y uso agrícola.
