La Cámara de Diputados avanzó este martes en la aprobación de una reforma amplia a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, comercialización, importación y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, pero con una aclaración central: el consumo y la posesión personal no serán penalizados. La precisión surgió tras una reserva presentada por Morena, el PT y aliados, luego de que diversas bancadas advirtieran que la redacción original abría la puerta a castigar a usuarios y no únicamente a quienes lucran con estos productos.
Durante la discusión, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió que la reforma busca frenar un mercado que, según cifras oficiales, ya alcanza a medio millón de niñas, niños y adolescentes. Subrayó que la intención del dictamen es desmantelar la cadena comercial y no criminalizar a quienes consumen vapeadores. Por ello, se añadió un párrafo al artículo 282 quáter que exceptúa explícitamente de sanciones la posesión y el consumo personal, además de incorporar la prohibición de dispositivos desechables de un solo uso.
La reserva detalló que solo se sancionará a quienes participen en actividades como fabricación, importación, distribución y venta con fines comerciales, manteniendo vigentes las penas previstas en el artículo 456 Bis, que van de uno a ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos. Monreal advirtió que, sin esta precisión, la redacción previa podía prestarse a interpretaciones que castigarían incluso a quienes transportaran uno o dos dispositivos sin fines comerciales.
El dictamen, respaldado con 292 votos del bloque oficialista en una votación anterior y con 324 a favor en lo general, fue objeto de múltiples críticas por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Legisladores de la oposición acusaron que la prohibición absoluta incentivará un mercado negro estimado en 26 mil millones de pesos y que la reforma fue construida sin la consulta adecuada ni el cuidado técnico necesario, al reformar más de 150 artículos en un documento de más de 800 páginas.
Entre las intervenciones, la diputada de MC Irais Reyes sostuvo desde tribuna —vaporizador en mano— que la medida terminará fortaleciendo a la delincuencia organizada al entregarles el control de un mercado que no desaparecerá por decreto. Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez criticó la improvisación legislativa y advirtió que el proyecto no aborda de forma integral el reto de salud pública asociado al consumo de nicotina, mientras el priista Alejandro Domínguez calificó como “insuficiente” la precisión al artículo 282 quáter.
Morena y sus aliados defendieron que la medida responde a una urgencia sanitaria ante campañas engañosas dirigidas a jóvenes y a la proliferación de dispositivos con presentaciones atractivas. Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, insistió en que la reforma protege a menores de edad y cierra vacíos legales en torno a sustancias líquidas, geles, resinas y otras formulaciones inhalables, mientras se fortalece el sistema de salud a través de compras consolidadas de medicamentos y nuevas atribuciones para Cofepris.
Aunque el debate se prolongó por más de diez horas, la reserva que aclara el régimen sancionador fue aceptada y será votada al final de la discusión en lo particular. El dictamen contempla también el aprovechamiento estratégico del plasma residual, el impulso a la producción nacional de insumos médicos y la creación de un plan maestro de infraestructura sanitaria. Morena afirmó que la prohibición absoluta de vapeadores es necesaria para detener su uso creciente entre jóvenes, mientras la oposición reiteró que la medida carece de diagnóstico técnico y promueve más riesgos que soluciones.
La reforma continuará ahora su deliberación en lo particular, donde se espera que se formalicen los ajustes prometidos para blindar jurídicamente que el consumo y la posesión personal no sean considerados delito. Mientras continúa la disputa parlamentaria, la discusión ha dejado en claro una tensión central: la necesidad de proteger la salud pública frente al reto de evitar políticas que puedan favorecer mercados ilícitos o criminalizar a sectores de la población usuaria.
