La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que la información técnica sobre los impactos del Tramo 5 del Tren Maya permanecerá clasificada hasta 2028, pese a que la propia titular, Alicia Bárcena, reconoció afectaciones en ocho cenotes y cavernas entre Playa del Carmen y Tulum. La dependencia justificó la reserva bajo criterios de seguridad nacional derivados del decreto de 2023 que declaró al proyecto como infraestructura estratégica, lo que impide conocer estudios, dictámenes o monitoreos ambientales solicitados por medios de comunicación y organizaciones. Esta decisión mantiene fuera del alcance público los documentos que explicarían la magnitud del daño ecológico dentro del frágil sistema kárstico de la región.
La solicitud de información presentada por El Universal incluía auditorías, estudios de calidad del agua y versiones públicas de dictámenes técnicos que respaldaran las afectaciones admitidas por Bárcena. La respuesta fue un rechazo total: Semarnat sostuvo que los registros se encuentran bajo resguardo por cinco años y que cualquier monitoreo sobre cenotes, cavernas o acuíferos está protegido por resolución interna. Paralelamente, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental informó que no cuenta con evaluaciones propias sobre calidad del agua, lo que confirma que la dependencia solo dispone de las Manifestaciones de Impacto Ambiental iniciales, documentos que no detallan daños recientes.
Durante su comparecencia del 6 de octubre, Bárcena admitió que dentro de las formaciones subterráneas se detectó la presencia de concreto utilizado durante la construcción y que actualmente se realizan trabajos de limpieza. Asimismo, reveló que el proyecto mantiene 95% de sus condicionantes ambientales pendientes, relacionadas con protección de flora y fauna, manejo de ecosistemas kársticos y mitigación de impactos. Un grupo interinstitucional se reúne semanalmente para revisar permisos y acciones, lo que evidencia el rezago acumulado mientras continúan las preocupaciones por los daños.
Al mismo tiempo, un informe reciente de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán documentó afectaciones socioambientales más amplias en los tramos 5, 6 y 7, señalando omisiones del gobierno federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según el documento, la promesa de desarrollo económico derivó en un proceso de militarización que transformó las dinámicas comunitarias e incrementó las violencias en localidades cercanas al proyecto. La presencia de la Guardia Nacional, Marina y Sedena se multiplicó desde el inicio de las obras y se consolidó con la transferencia del control del Tren Maya a los militares en 2023.
El informe detalla que la entrega de la construcción y operación a la Sedena facilitó un proceso de ocupación territorial, con presencia militar en estaciones, caminos, bancos de materiales, hoteles, aeropuertos y zonas arqueológicas. En junio de 2025, se registraron 6 583 efectivos desplazados en la región, cifra que contrasta con los 3 320 pasajeros promedio transportados por día. Para las comunidades locales, esta militarización generó despojo, restricciones y un clima de inseguridad, afectando actividades cotidianas y tradicionales.
Los testimonios recogidos por la Misión Civil de Observación revelan que la presencia militar ha provocado miedo, tensiones sociales y vulneración de derechos, pues ni los amparos judiciales ni las quejas de pobladores han frenado la expansión de instalaciones castrenses a lo largo de la ruta. En sitios como Carrillo Puerto, los campamentos militares se ubican a la entrada, salida y centro de la ciudad, especialmente en zonas donde la resistencia al proyecto es mayor. Esta situación, advierte el informe, forma parte de un nuevo modelo de control territorial impulsado por el decreto de seguridad nacional.
Además de los daños ambientales reconocidos oficialmente, la Misión Civil documentó violencias específicas asociadas al megaproyecto: despojo de tierras, explotación sexual, pederastia y un boom inmobiliario que presiona ecosistemas clave. En el tramo 5 norte, por ejemplo, las más de 15 000 pilas de concreto instaladas dentro del sistema de cuevas de Sac Aktun representan uno de los impactos más graves registrados. A ello se suma la expansión turística en la costa de Quintana Roo, donde pequeños negocios enfrentan extorsiones y derecho de piso como parte del deterioro de la seguridad.
Las comunidades de la ruta Chetumal–Xpujil también han resentido la apertura de derechos de vía que arrasaron con selva y terrenos ejidales. Ahí, una de las problemáticas más señaladas es el acceso al agua: mientras el Tren Maya avanza, gran parte de la población carece de un servicio regular y adecuado. La Misión Civil concluye que la combinación de afectaciones ambientales, militarización y falta de transparencia ha incrementado la vulnerabilidad social en las zonas donde el proyecto se impone con mayor fuerza.
