La primera reunión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) reunió a fiscales de todo el país para fijar una misma ruta: frenar la impunidad mediante investigaciones más sólidas, mayor coordinación y un enfoque que vaya más allá de perseguir delitos aislados. Durante la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, autoridades revisaron pendientes, avances y obligaciones vinculadas a reformas recientes en materia de seguridad pública.
En una sesión realizada en el llamado Parque Nacional de la Justicia, Godoy subrayó que estos encuentros deben mantenerse de forma periódica. Recordó que compartir avances y diagnósticos es clave para acelerar la judicialización de casos, mejorar la calidad de las investigaciones y consolidar información confiable para la toma de decisiones. Fiscales estatales coincidieron en que el reto exige trabajo uniforme y constante.
Uno de los acuerdos centrales fue la implementación nacional del Registro Criminal de Armas de Fuego, herramienta diseñada para rastrear armas utilizadas en delitos y apoyar procesos de investigación. Este mecanismo operará como primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y dependerá de las Unidades de Análisis de Información de cada fiscalía, lo que permitirá ampliar la trazabilidad y robustecer las pesquisas.
Las instituciones también se comprometieron a mantener el flujo de información con la Agencia de Investigación Criminal a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal. Otro punto abordado fue el cumplimiento de reformas de seguridad pública y la aplicación de la nueva metodología para el registro de homicidio doloso, que busca mejores reportes diarios y datos comparables a nivel nacional.
Asimismo, la CNPJ ratificó su obligación de entregar información al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia y de fortalecer sus sistemas internos con apoyo de la FGR y el Inegi. El objetivo es garantizar que los datos recopilados cumplan estándares de calidad y confiabilidad, indispensables para diseñar políticas públicas más efectivas en materia criminal.
En materia de género, los fiscales tomaron conocimiento de un convenio propuesto por la Secretaría de las Mujeres para mejorar la comunicación entre entidades y avanzar en la atención de casos que involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La propuesta incluye capacitación, protocolos específicos y mecanismos de intercambio de información con perspectiva interseccional.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, pidió no limitarse a combatir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones criminales completas. Destacó que solo mediante cooperación, coordinación y capacitación permanente será posible lograr resultados sostenidos y enfrentar la complejidad de las redes delictivas transnacionales.
El encuentro cerró con el compromiso de sostener estos mecanismos de colaboración y dar seguimiento puntual a los acuerdos adoptados. Para Godoy, el reto inmediato es convertir este consenso en resultados tangibles que fortalezcan la FGR y abran paso a una estrategia nacional más efectiva contra la delincuencia organizada.
