La gobernadora Rocío Nahle García presentó su primer informe de gobierno ante miles de asistentes en Plaza Lerdo, en un acto que mezcló anuncios de avances en finanzas públicas, movilidad y seguridad, con cuestionamientos por la masiva movilización de burócratas, estudiantes y beneficiarios de programas sociales. En su mensaje, Nahle aseguró que “Veracruz tiene rumbo” y destacó que, tras un año de gestión, la entidad es la octava más segura del país y ha logrado reducir significativamente su deuda acumulada de administraciones anteriores.
Uno de los puntos centrales del informe fue la disminución del adeudo estatal. La mandataria afirmó que Veracruz liquidó los casi 30 mil millones de pesos que debía al SAT, redujo “prácticamente” a la mitad el adeudo con el ISSSTE y bajó la deuda total de 119 mil millones a 69 mil millones de pesos. Aseguró que este ajuste permitirá mejorar la inversión pública, aunque especialistas y sectores críticos señalan que aún falta auditoría detallada para verificar el impacto real en servicios y programas.
Otro eje fue la seguridad pública, donde Nahle informó que Veracruz redujo 13.2 por ciento su incidencia delictiva, alcanzando el octavo lugar nacional entre las entidades más seguras. Destacó la operación del programa “Veracruzana Segura”, que ha otorgado mil 226 órdenes de protección inmediatas a mujeres mediante jueces disponibles las 24 horas. Sin embargo, organizaciones civiles apuntan que la cifra debe contextualizarse con los altos niveles de violencia de género y con la capacidad real de seguimiento a estas medidas.
En materia de movilidad, la gobernadora resaltó los avances del transporte público Úlua, que ha beneficiado a 200 mil usuarios con una inversión de 600 millones de pesos, así como la llegada de nuevas unidades para los servicios Quetzalli y Úlua en Coatzacoalcos y Xalapa. También anunció la intervención de 18 carreteras y autopistas, entre ellas Las Matas–Minatitlán, Poza Rica–Cazones, Papantla–Coyutla y Atoyac–Córdoba. Aunque reconocida por parte de sectores productivos, la ciudadanía ha señalado que continúan pendientes tramos deteriorados en regiones serranas.
El informe también incluyó un recuento de acciones tras la contingencia por lluvias en la zona norte, que afectó a 204 mil veracruzanos y dejó 37 personas fallecidas. Nahle señaló que se habilitaron 81 refugios temporales y que la electricidad se restableció en 60 municipios, agradeciendo el apoyo de la CFE y Pemex. Aun con estos avances, las comunidades afectadas mantienen demandas por reconstrucción total y apoyos directos que, afirman, todavía no llegan.
Mientras la gobernadora hablaba de logros, afuera crecían críticas por el operativo que acompañó el evento. Desde la madrugada, contingentes transportados en decenas de autobuses abarrotaron el centro de Xalapa, lo que generó acusaciones de acarreo masivo. Las calles del primer cuadro fueron cerradas desde días antes, provocando caos vial y molestias entre habitantes. Además, la instalación de zonas VIP —Diamante, Platino y Bronce— separó a la clase política de la ciudadanía que permaneció detrás de vallas.
La ausencia de la mayoría de los gobernadores de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum también llamó la atención. Solo Chiapas y Oaxaca estuvieron representados por sus mandatarios, mientras los demás enviaron delegados. Aun así, figuras como Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna y alcaldes de distintos municipios se dieron cita, junto con representantes de pueblos originarios que realizaron un ritual previo en honor a la gobernadora.
Al cierre de su mensaje, Nahle afirmó que el segundo piso de la transformación “está en marcha” y agradeció a su equipo de trabajo por el respaldo en el primer año de administración. Con un discurso centrado en disciplina financiera, reconstrucción tras desastres naturales y fortalecimiento de programas sociales, la gobernadora defendió su gestión. Sin embargo, la puesta en escena del acto, el operativo de movilización y las áreas VIP evidenciaron el contraste entre la narrativa oficial y las críticas ciudadanas sobre prácticas políticas que persisten en Veracruz.
