El contralor general del estado, Ramón Santos Navarro, compareció ante la Comisión Permanente de Hacienda para rendir cuentas sobre las primeras acciones de la Contraloría en la glosa del primer informe de la gobernadora Rocío Nahle. En su intervención el funcionario puso en primer plano el fortalecimiento de mecanismos de control interno, la coordinación con órganos federales y la adopción de nuevas herramientas digitales para la fiscalización de recursos públicos en Veracruz. Expuso además el papel de la Contraloría como órgano garante de transparencia tras la absorción de funciones del extinto IVAI.
Entre los aspectos positivos que subrayó el contralor están las 119 auditorías de recursos federales realizadas en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales más del 95% fueron concluidas, y la capacitación a servidores públicos en el uso del “buzón digital”. Santos Navarro detalló jornadas de fiscalización y capacitación —como la titulada “Veracruz y la fiscalización”— y la asistencia de la Contraloría a la primera entrega de informes de la cuenta pública 2024, actos que, dijo, refuerzan la rendición de cuentas en la entidad.
La reestructura administrativa también fue presentada como un avance: la Contraloría asumió formalmente, el 13 de agosto, funciones en materia de transparencia y protección de datos, creó la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales y presidió el Comité del Subsistema de Transparencia, integrado por representantes de los tres poderes y de los 212 municipios. El contralor resaltó que la medida permitió ahorros presupuestarios y la integración de nuevas herramientas para supervisar a las autoridades garantes.
En materia de responsabilidades administrativas el informe registró un intenso trabajo: notificaciones y audiencias iniciales (704), desahogo de audiencias (278), resoluciones emitidas (259) y procedimientos de responsabilidades (182), de los cuales se ejecutaron sanciones. Además, la Contraloría reportó el análisis y recepción masiva de declaraciones patrimoniales —174,503 en el periodo— así como la revisión de evoluciones patrimoniales, lo que, según el funcionario, contribuye a la ética pública y a la prevención de conflictos de interés.
Sin embargo, el contraste vino en los señalamientos sobre dependencias clave: Santos Navarro informó que la Contraloría presentó en febrero pasado denuncias por posibles irregularidades en la Secretaría de Salud por mil 78 millones de pesos, monto que aún se encuentra en proceso de aclaración y que, dijo, “muy probablemente o posiblemente no se aclare”, por lo que podría judicializarse la materia. Ese anuncio generó inquietud entre los legisladores y subrayó la magnitud de los retos en la fiscalización del gasto en salud.
En obra pública y contrataciones, la Contraloría detalló revisiones a secretarías como Educación, Infraestructura y Salud y avances en auditorías de obras (por ejemplo, UMA Naturalia y oficinas del IPAX concluidas). No obstante, llamó la atención el elevado número de adjudicaciones directas reportadas en algunas áreas —62 en Infraestructura— y la participación de 98 empresas veracruzanas y ocho foráneas en contratos, lo que para varios diputados abre la necesidad de mayor escrutinio sobre procesos y entregas.
La participación ciudadana y la contraloría social fueron resaltadas como puntos fuertes: 584 quejas y solicitudes recibidas y canalizadas a órganos internos de control; la constitución de cientos de comités de Contraloría Social y la aplicación de 48,379 cédulas de vigilancia para supervisar obras y apoyos. Además, la entrega de reconocimientos y la capacitación masiva fueron citadas como pasos para acercar la fiscalización a la ciudadanía.
Aun así, los diputados cuestionaron la lentitud en la resolución de observaciones del ORFIS —398 observaciones y 538 recomendaciones del ejercicio 2023— la falta de resultados definitivos en auditorías sensibles como la de la Secretaría de Salud y la UPAV, y la aparente ausencia de inhabilitaciones a empresas con irregularidades históricas. Legisladores exigieron tiempos claros para esclarecer montos, aclarar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares cuando correspondan.
El contralor cerró la comparecencia reivindicando el compromiso institucional con la profesionalización, la integridad y la transparencia, y prometió seguir impulsando controles internos y auditorías concluyentes. La comparecencia dejó un mensaje dual: avances medibles en capacitación y mecanismos de control, pero también riesgos y pendientes —entre ellos el millonario expediente de Salud— que obligan a mantener la vigilancia parlamentaria y ciudadana hasta su resolución.
