El presidente de Perú, José Jerí, generó una nueva escalada diplomática al afirmar que está dispuesto a ingresar a la embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada desde hace más de dos semanas. En una entrevista con El Comercio, aseguró que no descarta ninguna acción para cumplir la orden judicial que impone cinco meses de prisión preventiva a la exfuncionaria, acusada de participar en el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Jerí sostuvo que México sabe que Chávez sería detenida de inmediato si abandona la sede diplomática y reconoció que aún no ha discutido con su gabinete una estrategia oficial. Sin embargo, remarcó que no se impondrá límites si decide ingresar a la embajada, pese a compromisos internacionales como la Convención de Caracas. Dijo que las decisiones deben meditarse, pero insistió en que es una persona “abierta a todo tipo de posibilidades”, lo que encendió las alertas en la región.
Las declaraciones evocaron el precedente de Ecuador, donde en 2024 la embajada mexicana fue asaltada por orden del presidente Daniel Noboa. Jerí, designado mandatario tras la destitución de Dina Boluarte el pasado 10 de octubre, defendió su postura asegurando que nadie es perseguido en Perú, que cumple con el mandato constitucional y que sus críticos apelan a una defensa política más que jurídica. Aclaró que no es un dictador y que sus acciones demuestran firmeza ante decisiones difíciles.
El gobierno peruano sostiene que el asilo concedido por México fue otorgado de forma indebida, pues considera que Chávez enfrenta delitos comunes y no persecución política. México respondió que la sede diplomática cuenta con garantías de inviolabilidad y reiteró su exigencia de un salvoconducto para que la ex primera ministra abandone el país. La Convención de Caracas establece que el Estado asilante determina si el solicitante cumple los requisitos, y el país de origen debe permitir su salida.
La tensión bilateral se intensificó a principios de noviembre, cuando Perú rompió relaciones diplomáticas tras el otorgamiento del asilo. Desde entonces, la policía reforzó la seguridad en la embajada mexicana, mientras Chávez, de 36 años, enfrenta un proceso que podría derivar en una pena de hasta 25 años de prisión. La ex primera ministra se mantiene en la residencia diplomática desde hace 18 días, a la espera del salvoconducto que Lima se niega a entregar.
En la entrevista, Jerí también atribuyó el deterioro de la relación con México a lo que calificó como un exceso de injerencia de algunos gobiernos latinoamericanos desde 2021. Aseguró que Perú es un país soberano y que él no permitirá decisiones externas que lesionen la política interna. Afirmó que, pese a su juventud —39 años—, sabe lo que debe hacer y no siente temor al tomar decisiones que considere adecuadas.
La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante la posibilidad de una incursión en territorio diplomático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que retiraría su representación diplomática de Lima si Perú irrumpiera en la embajada mexicana. Jerí desestimó la advertencia con un “a palabras necias, oídos sordos”, lo que profundizó las críticas desde sectores progresistas de la región.
La crisis peruano-mexicana se mantiene entre crecientes cuestionamientos sobre legitimidad, soberanía y respeto al derecho internacional. Con el antecedente ecuatoriano aún fresco, analistas advierten que cualquier acción contra la embajada mexicana podría desatar repercusiones continentales. Mientras tanto, el gobierno de Jerí anunció su intención de revisar las normas regionales sobre asilo diplomático, abriendo un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre ambos países.
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