La decisión de la jueza federal Ángela Zamorano Herrera dejó claro que Javier Duarte no abandonará el Reclusorio Norte antes de tiempo. Tras una audiencia de más de una hora, la impartidora de justicia concluyó que el exgobernador de Veracruz no cumple los requisitos legales para obtener la libertad anticipada, lo que significa que deberá permanecer en prisión hasta abril de 2026, cuando concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. La defensa, encabezada por Pablo Campuzano, anunció que apelará la resolución.
Zamorano señaló que Duarte no acreditó haber completado los programas culturales, educativos, deportivos y de reinserción social exigidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, subrayó que el priista mantiene un proceso vigente por desaparición forzada, pese a que la defensa obtuvo un sobreseimiento que sigue impugnado por la Fiscalía de Veracruz. Esta condición, por sí sola, impide otorgar cualquier beneficio de preliberación, independientemente del porcentaje de la pena cumplida.
El exmandatario argumentó que ya había cubierto el 95% de su sentencia y mantenía buen comportamiento, pero la Fiscalía General de la República contradijo esta versión. Presentó evidencia de objetos prohibidos encontrados en su celda —cuatro latas de alcohol, un celular, un Blu-ray, un módem de banda ancha y una pluma con cámara— además del testimonio de Denisse Moreno Córdoba, quien recordó que Duarte tuvo que ser trasladado atado a una silla durante una audiencia en 2022. Para la FGR, estos hechos demuestran que su conducta dista de ser ejemplar.
En los alegatos finales, la FGR insistió en que Duarte no es un caso ordinario. Señaló que su administración se caracterizó por uno de los mayores escándalos de corrupción del país, un desvío multimillonario operado mediante empresas fantasma y testaferros. Recordó que el exgobernador fue sentenciado a nueve años de prisión en 2018 tras admitir su responsabilidad, aunque investigaciones periodísticas documentan desvíos que superan los 62 mil millones de pesos durante su sexenio, una cifra muy superior a la utilizada en el proceso judicial.
La jueza remarcó que, aun cuando la defensa presentó testigos favorables —en su mayoría funcionarios del Reclusorio Norte—, no hubo pruebas suficientes que acreditaran el cumplimiento de cada una de las actividades obligatorias para la reinserción. Asimismo, enfatizó que el proceso por desaparición forzada sigue abierto, al no estar firme la resolución que lo favorecía. La conducta procesal de Duarte, acusada de entorpecer audiencias y retrasar procedimientos, también pesó en su determinación.
El caso ha reavivado el debate público sobre la responsabilidad política y penal del exgobernador, símbolo del “nuevo PRI” que prometía eficiencia y modernidad, pero terminó envuelto en escándalos que golpearon la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto. Su fuga a Guatemala en 2017, su extradición y los múltiples señalamientos de desvío de recursos siguen marcando la percepción ciudadana sobre su gestión.
A pesar de que sus abogados sostienen que el caso por desaparición forzada ya no está vigente, la apelación de la Fiscalía mantiene el expediente activo. Este factor fue determinante para Zamorano, quien reiteró que ningún beneficio puede concederse mientras exista un proceso penal pendiente. La defensa buscará revertir la decisión, aunque el propio Campuzano admitió que los tiempos procesales podrían extenderse más allá de la fecha en que Duarte terminará su condena.
Con este fallo, el exgobernador deberá cumplir íntegramente su pena, continuar con el proceso pendiente y enfrentar el impacto político que revive cada vez que su nombre regresa a la discusión pública. El intento de obtener libertad anticipada se ha frenado, y aunque la defensa litigue la apelación, la posibilidad de abandonar la prisión antes de abril de 2026 luce cada vez más lejana.
