En una resolución histórica y sin precedentes recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó siete amparos promovidos por empresas de Ricardo Salinas Pliego, lo que obliga al conglomerado a pagar más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales acumulados entre 2008 y 2013. Por unanimidad, los nueve ministros determinaron que Elektra adeuda 43 mil 263 millones y Televisión Azteca 5 mil 63 millones, al concluir que los recursos del empresario carecían de interés excepcional y repetían asuntos ya resueltos por el máximo tribunal.
Grupo Salinas reaccionó de manera inmediata, calificando la decisión como “un día negro para la justicia” y acusando que el fallo obedeció a una consigna del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones y respondió que el conglomerado “mejor debería pagar sus impuestos en vez de andar financiando campañas”, luego de que un informe oficial lo vinculó con una red digital que impulsa marchas encabezadas por jóvenes de la llamada generación Z. La mandataria insistió en que el Estado actúa conforme a la ley y negó cualquier persecución política.
Durante la sesión, los ministros Arístides Guerrero, Irving Espinosa, María Estela Ríos, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el presidente Hugo Aguilar Ortiz presentaron los proyectos que confirmaron los adeudos, apoyados incluso en láminas y códigos QR para explicar los antecedentes procesales. Guerrero señaló que uno de los amparos ni siquiera debió ser admitido por la expresidenta Norma Piña, al existir precedentes claros que resolvían la controversia. Aguilar recordó que los recursos fueron “ampliamente litigados” y que la defensa de Salinas promovió más de 28 impugnaciones solo en el litigio principal.
Los fallos marcan un precedente que podría acelerar otros juicios similares contra el conglomerado, pues la Corte concluyó que no había materia constitucional excepcional para revisarlos. La SCJN atendió así más de 15 proyectos relacionados con amparos directos, impedimentos y reclamaciones. Aunque aún queda por resolverse un par de casos en la ponencia de la ministra Lenia Batres, los ministros coincidieron en que las impugnaciones buscaban prolongar los litigios. Batres afirmó que espera que la nueva Corte continúe actuando “sin coaliciones de intereses particulares”.
La determinación ocurre en medio de un escenario político tenso, marcado por protestas juveniles convocadas para este sábado y que el gobierno atribuye a una estrategia digital impulsada desde cuentas vinculadas a la oposición y al propio Grupo Salinas. Sheinbaum aseguró en Tecámac que su administración cree en las libertades y que “nadie está por encima de la ley”, al tiempo que cuestionó la autenticidad del movimiento generacional.
Según el gobierno, la movilización juvenil sería parte de una operación política financiada incluso desde el extranjero, una acusación que elevó la polémica pública. Figuras como Vicente Fox, legisladores de oposición e influencers han alentado la participación en las marchas, mientras algunos actores locales, como la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, han negado su involucramiento pese a ser señalados por usuarios de redes.
En este contexto, el revés judicial para Salinas Pliego refuerza la postura del gobierno de que no se trata de un conflicto personal, sino de un cumplimiento estricto de obligaciones fiscales. Sin embargo, el empresario anunció que acudirá a tribunales internacionales para cuestionar la resolución, lo que anticipa una batalla legal de largo aliento.
Mientras tanto, la Corte se alista para votar la próxima semana los dos juicios restantes —que suman más de 712 millones de pesos—, y que podrían cerrar por completo un capítulo litigioso que lleva más de 16 años en los tribunales. Para el gobierno, el mensaje es claro: la recaudación no es negociable; para el empresario, se trata de una confrontación política camuflada de marco jurídico.
