La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, actuó sin pasar por filtros de seguridad durante el Festival de las Velas y que el crimen fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña explicó que los videos analizados muestran cómo el agresor, un joven de entre 17 y 19 años, logró ingresar al evento sin revisión alguna. Portaba una sudadera blanca y caminó entre la multitud hasta acercarse al edil, a quien disparó siete veces antes de ser abatido.
Las investigaciones periciales revelaron que el arma usada en el atentado, una pistola calibre 9 milímetros, había sido empleada en otros dos homicidios vinculados al crimen organizado. Torres Piña señaló que el asesino no portaba identificación y que se solicitó al Instituto Nacional Electoral apoyo para su plena identificación. El fiscal añadió que el agresor dio positivo en pruebas de rodizonato de sodio y consumo de drogas como anfetaminas y mariguana, confirmando que él fue quien accionó el arma. Además, una segunda persona fue detenida y podría estar implicada en la planeación del ataque.
Poco después, fuentes de seguridad confirmaron la identidad del pistolero: se trata de Osvaldo Gutiérrez Velázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán y presunto familiar de Omar Farías Chávez, conocido como “El Prángana” o “El Fénix”, operador del CJNG en la región. Gutiérrez Velázquez, de acuerdo con los reportes, actuó por órdenes directas del grupo criminal en represalia por los golpes asestados al cártel en agosto pasado, cuando las autoridades municipales, encabezadas por Manzo, detuvieron a René Belmonte, alias “El Rino”, uno de los principales extorsionadores del grupo.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el CJNG operaba un esquema de cobro de cuotas a productores de aguacate en Uruapan, principalmente a pequeños agricultores que no podían costear seguridad privada. Desde la captura de “El Rino”, la violencia en la zona se incrementó con ataques a policías y comerciantes. Manzo había pedido apoyo urgente al gobierno federal y estatal tras recibir amenazas directas. La respuesta, sin embargo, fue insuficiente, y el edil continuó encabezando operativos de seguridad locales pese al riesgo.
Dentro del gobierno federal, trascendió que existe molestia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la falta de coordinación en la seguridad del estado. Fuentes federales señalaron que, aunque Michoacán cuenta con uno de los mayores despliegues de fuerzas armadas, la respuesta estatal ha sido deficiente. “El gobernador está distraído; la seguridad no es su prioridad”, afirmaron, señalando que Ramírez Bedolla ha estado ausente de las reuniones diarias de seguridad y que ha realizado constantes cambios en los cargos clave de su gabinete.
El atentado también evidenció fallas graves en la protección del alcalde. Aunque contaba con un equipo mixto de seguridad compuesto por elementos de la Guardia Nacional y policías municipales, la coordinación dependía del gobierno estatal. Expertos en seguridad señalaron que el atacante aprovechó la falta de control de accesos y el exceso de público en el evento para infiltrarse sin ser detectado. “Fue un trabajo calculado, con seguimiento y logística previa; no era improvisado”, explicó un investigador del caso.
Mientras tanto, las protestas por el asesinato de Manzo se extendieron a Morelia y Uruapan. En la capital michoacana, un grupo de manifestantes irrumpió en Palacio de Gobierno, causando destrozos antes de ser desalojado por policías estatales, que detuvieron a ocho personas con bombas molotov. El gobernador Ramírez Bedolla calificó las movilizaciones como legítimas en Uruapan, pero acusó presencia de “agitadores políticos” en Morelia, insinuando la participación de opositores del PRI y el PAN.
El futuro político de Uruapan permanece incierto. Fuentes federales anticipan que la viuda del edil, Grecia Quiroz, podría asumir el cargo de forma interina para garantizar la estabilidad administrativa del municipio. Sin embargo, la relación política entre su familia y el actual gobernador complica el relevo. En medio del luto y las tensiones, la ciudadanía exige justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales que, desde hace años, operan con impunidad en la región aguacatera de Michoacán.
