La conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, que recuerda la matanza de Tlatelolco de 1968, derivó este 2025 en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías en el Zócalo capitalino. Lo que inició como una marcha multitudinaria y pacífica desde la Plaza de las Tres Culturas se tornó violento al llegar a la plancha, donde grupos de encapuchados lanzaron piedras, petardos y bombas molotov contra los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El saldo preliminar es de al menos 40 personas lesionadas, entre ellas 22 policías, así como varios periodistas y manifestantes.
El secretario de Seguridad, Pablo Vásquez Camacho, informó que se desplegaron 500 elementos para contener la movilización, aunque reconoció que algunos de ellos fueron trasladados a hospitales por heridas de gravedad. Por su parte, César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, señaló que participaron cerca de 10,000 manifestantes, de los cuales alrededor de 350 encapuchados fueron identificados como los principales responsables de los disturbios. El funcionario destacó que los policías evitaron responder con represión directa para no caer en provocaciones.
Los disturbios comenzaron en puntos como Eje Central y Avenida Hidalgo, donde se registraron saqueos a farmacias, joyerías y tiendas de conveniencia. También se reportaron incendios provocados en mobiliario urbano y ataques a negocios en el Centro Histórico. Al llegar al Zócalo, la situación escaló con el lanzamiento de explosivos y fuego contra los policías, quienes utilizaron extintores y gas lacrimógeno para dispersar a los agresores. Algunos manifestantes incluso arrebataron escudos y cascos a los elementos de seguridad.




La violencia no solo alcanzó a los policías, sino también a la prensa. Reporteros y fotógrafos de medios como Publimetro, La Razón, Foro TV y La Prensa denunciaron agresiones directas mientras documentaban los hechos. Entre los lesionados figuran comunicadores como Ramkar Cruz, Nicolás Corte, David Patricio y David de Olarte, quienes sufrieron golpes y daños a su equipo de trabajo. La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta intervino en distintos momentos para auxiliar a heridos y evitar que los choques escalaran aún más.
El recorrido de la marcha estuvo marcado por pintas, consignas y la quema de objetos, además de consignas en apoyo a Palestina y exigencias de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa. La bandera nacional ondeaba a media asta en el Zócalo como parte del homenaje oficial a los estudiantes caídos en 1968, lo que contrastó con la escena de violencia que se vivió horas más tarde. Los disturbios dejaron imágenes de policías con sus uniformes incendiados y filas rotas mientras intentaban contener las agresiones.
El secretario Vásquez defendió la actuación de la policía, asegurando que los agentes actuaron bajo protocolos de contención y encausamiento. No obstante, colectivos y periodistas exigieron investigar también las agresiones cometidas por los uniformados, quienes fueron grabados golpeando a manifestantes en el suelo. Las denuncias sobre exceso de fuerza se suman a la indignación generada por los saqueos y la destrucción de espacios públicos en la capital.


En paralelo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un homenaje en Tlatelolco antes de que iniciara la movilización. En su discurso, recordó la importancia del movimiento estudiantil de 1968 y lo vinculó con las luchas sociales actuales, además de pronunciarse a favor de Palestina tras la detención de mexicanos en la flotilla Global Sumud. Brugada afirmó que la Ciudad de México mantendrá una postura pacifista y de apoyo a los pueblos que enfrentan opresión.
El 2 de octubre, que cada año simboliza memoria y resistencia, volvió a mostrar su carácter dual: una jornada de recuerdo y exigencia de justicia que, sin embargo, terminó empañada por la violencia. Las autoridades capitalinas reiteraron que se abrirán investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios, tanto manifestantes encapuchados como posibles excesos policiales, en un intento de preservar la legitimidad de un movimiento que desde 1968 exige memoria y justicia.
