A partir de la medianoche de este miércoles, la administración federal de Estados Unidos quedó parcialmente paralizada al no alcanzarse un acuerdo en el Senado para extender la financiación del gobierno. Es el primer cierre en casi siete años y se da tras el rechazo de los demócratas a un “parche” presupuestario que habría mantenido abiertos los fondos federales hasta noviembre. La negativa obedeció a la exigencia de garantizar la continuidad de subsidios médicos vinculados a la ley conocida como Obamacare y a frenar los recortes a Medicaid incluidos en la reforma fiscal impulsada por Donald Trump.
El cierre, conocido como shutdown, ha ocurrido en 21 ocasiones en medio siglo, pero esta vez la disputa se centró en la salud pública y en la estrategia política de los demócratas, que buscan enviar una señal de fuerza tras su derrota electoral. Para los republicanos, el bloqueo representó una maniobra arriesgada, pues habían prometido negociar las demandas sin frenar la maquinaria gubernamental. Sin embargo, la falta de consenso derivó en un ambiente de acusaciones mutuas y votaciones estancadas en el Senado.
La última votación republicana obtuvo 55 apoyos y 45 rechazos, insuficientes para alcanzar los 60 votos necesarios. Entre quienes rompieron líneas partidistas estuvieron los demócratas John Fetterman y Catherine Cortez Masto, el independiente Angus King y el republicano Rand Paul. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, donde los conservadores tienen mayoría simple, el trámite se resolvió con antelación, lo que llevó al líder republicano Mike Johnson a enviar a sus congresistas a casa a la espera de lo inevitable.
Trump aprovechó la tensión para alimentar la confrontación política con un polémico mensaje en su red social Truth. Usando inteligencia artificial, alteró imágenes de los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, caricaturizándolos y acusándolos falsamente de querer otorgar atención médica gratuita a migrantes indocumentados. La maniobra, considerada de tono racista, desvió la atención de las negociaciones y elevó aún más la crispación.
El presidente defendió el cierre como una oportunidad para “tomar decisiones irreversibles” que, según él, lamentarán los demócratas. Entre sus planes figura el despido definitivo de hasta 200 mil funcionarios federales, como parte de la política de austeridad impulsada desde la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk. Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha acelerado un proceso de reducción de la burocracia federal sin precedentes.
La diferencia con cierres anteriores es la incertidumbre sobre qué áreas del gobierno quedarán paralizadas y por cuánto tiempo. Mientras museos, parques nacionales, monumentos y oficinas de trámites migratorios o pasaportes cerrarán, servicios considerados esenciales como la seguridad social, Medicare, patrullas fronterizas y control aéreo continuarán, aunque con el riesgo de retrasos y falta de personal pagado. El antecedente más largo ocurrió bajo el mismo Trump, entre 2018 y 2019, y duró 34 días.
En la práctica, decenas de miles de empleados federales serán enviados a casa sin sueldo, lo que impactará la vida diaria en Washington y en varios estados. Las autoridades estiman que el 89% del personal de la Agencia de Protección Ambiental y el 87% del Departamento de Educación quedarán inactivos. A nivel social, se espera que la interrupción prolongada afecte desde las visitas turísticas hasta los controles sanitarios y de seguridad alimentaria.
La pugna política se centra ahora en quién cargará con la responsabilidad del cierre. Los republicanos sostienen que los demócratas forzaron la crisis por no aceptar un acuerdo temporal, mientras que estos últimos recuerdan que el partido en el poder, con mayoría en los tres poderes del Estado, siempre tiene margen para evitarlo. En medio de la confrontación, el país entra en un periodo de incertidumbre que podría prolongarse durante semanas y convertirse en un nuevo frente de desgaste político para Trump y su administración.
