El Senado de la República cerró las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en las que especialistas, litigantes, académicos y representantes del sector empresarial expusieron posturas encontradas sobre los alcances de la iniciativa. Durante dos días de debates, se coincidió en la necesidad de fortalecer la justicia y el acceso a derechos, aunque persisten críticas por posibles retrocesos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que los planteamientos recogidos permitirán enriquecer el dictamen que elaborarán las comisiones dictaminadoras. Señaló que el amparo, considerado pilar del sistema de protección de derechos, requiere modernización, pero también claridad para no restar garantías a la ciudadanía.
Entre las principales preocupaciones expresadas por litigantes y colegios de abogados, se mencionó la rigidez que impondría la reforma en la ampliación de la demanda en amparo directo, al limitarla a supuestos expresamente previstos, lo que podría restringir la defensa efectiva de los quejosos. Asimismo, se cuestionó que los cambios al interés legítimo reducirían la posibilidad de defensa de derechos colectivos y de minorías.
Melissa Ayala García, abogada litigante, advirtió que aunque la digitalización del amparo es un avance positivo, la iniciativa plantea modificaciones “muy preocupantes” en cuanto a la ejecución de sentencias y al acotamiento del interés legítimo. Coincidió el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro, quien alertó que eliminar o debilitar la suspensión restaría eficacia al juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos.
Por su parte, representantes empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial señalaron que el amparo es reconocido incluso en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que cualquier reforma debe garantizar el respeto a principios de progresividad y no regresión. La Asociación de Bancos de México, en voz de Gabriel Pérez Ríos, advirtió que la propuesta podría dejar en indefensión a los gobernados y restar incentivos para que autoridades cumplan con fallos judiciales.
En contraste, algunos académicos como Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendieron los cambios para acotar abusos del amparo fiscal, utilizado por contribuyentes y, en ocasiones, por delincuencia de cuello blanco para retrasar o evadir obligaciones frente al Estado. Planteó que la reforma busca equilibrar el acceso a la justicia con la necesidad de frenar distorsiones.
Tras las audiencias, las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda realizaron ajustes al proyecto presidencial. Entre ellos, se precisó que el interés legítimo podrá ser individual o colectivo sin requerir que la lesión sea “actual” ni el beneficio “directo”. También se amplió el plazo para dictar sentencia en amparo indirecto de 60 a 90 días, y se suprimieron disposiciones que reducían sanciones contra autoridades que incumplen suspensiones o sentencias.
Otros cambios incluyeron ajustes en el Código Fiscal de la Federación para definir garantías al suspender actos de cobro de créditos fiscales, así como la ampliación de plazos procesales en casos penales que afectan la libertad personal. El dictamen será votado este miércoles en comisiones y, de aprobarse, pasará al pleno en sesión vespertina que podría extenderse hasta la madrugada del jueves.
