Desde el principio de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de las acciones más destacadas fueron deshacer en todo lo posible el proyecto de nación de Enrique Peña Nieto. Se echó abajo la reforma educativa, y con ello, se le cumplió un compromiso político a la CNTE. Se canceló el aeropuerto de Texcoco (mega obra que le hubiera tocado inaugurar al ex presidente), para mandar el mensaje de “quién manda aquí.” Y entre muchas otras cosas, se dejó sin efectos la reforma energética que abría la posibilidad de inversión tanto privada nacional como extranjera, en el sector energético mexicano.
Esto último parece haber tenido tres objetivos (cumplidos a cabalidad) y a continuación los explico:
El primero de ellos, siguiendo la misma lógica de todo lo anterior, sepultar cualquier vestigio por mínimo (o útil que fuera) de todo aquello perteneciente a “la época neoliberal” y así, fundar una nueva era “De la Cuarta Transformación”.
El segundo, en una torcida y tendenciosa interpretación de la historia, emular a Lázaro Cárdenas en “una nueva nacionalización del petróleo, por respeto a nuestra soberanía nacional” o Juárez en un afán de “separar al poder político del poder económico”.
El tercero y más importante, allanar el camino a un muy reducido grupo de incondicionales para tomar por asalto un negocio lo suficientemente lucrativo como para financiar campañas, corromper autoridades de todos los niveles y hacerse incalculablemente ricos. La red de huachicol fiscal que enfrenta el gobierno de la República es algo más que un grupo de ladrones que metieron combustible sin reportar debidamente. Bajo la excusa de la soberanía nacional se montó una estructura paralela a PEMEX, que, por cuantía, podría ser el mayor robo a la nación del que se tenga registro en la historia de México.
Desde que se volvió enemigo de la causa, se le acusa un día sí y otro también a Ricardo Salinas Pliego de pretender evadir el pago de impuestos por setenta y cuatro mil millones de pesos. El asunto está en la SCJN y será resuelto por el “nuevo Poder Judicial”. (Ojo, si los debe, qué bueno que lo hagan pagar). Pero respecto a la red de huachicol, estimaciones de la Fiscalía General de la República hablan de alrededor de Quinientos mil millones de pesos en seis años. Es más que un año completo de gasto de cualquier entidad federativa, y me atrevería a afirmar, que es un monto superior al que administran anualmente varios países pequeños. ¿Qué hubiéramos podido hacer con ese dinero en las arcas públicas? ¿En el sector salud? ¿En la deuda del mismo PEMEX?
La legitimidad de cobrar impuestos se tambalea, dependiendo del resultado último de esta investigación se verá de qué lado cae la moneda. Por lo pronto no se puede aplaudir la acción del gobierno y al mismo tiempo callar la corrupción del sexenio anterior.
Algo apesta bajo la cama y pronto se sabrá (o no) de qué estamos hablando.
