La Vuelta ciclista a España, una de las tres grandes pruebas del ciclismo mundial, fue cancelada de manera inédita a 50 kilómetros de la meta en Madrid debido a las multitudinarias protestas propalestinas que irrumpieron en el recorrido final. Miles de manifestantes atravesaron las vallas de seguridad al grito de “¡Palestina libre!” y “¡No es una guerra, es un genocidio!”, obligando a detener el pelotón y suspendiendo tanto la etapa como la ceremonia de premiación en la glorieta de Cibeles. La presión se centró en la presencia del equipo Israel Premier Tech, financiado por el empresario Sylvan Adams, lo que fue considerado como un intento de “blanquear” la política militar de Israel.
La protesta, convocada por plataformas propalestinas y respaldada por partidos de izquierda como PSOE, Sumar y Podemos, contó con más de 100,000 asistentes según cifras oficiales. El ambiente de tensión se fue acumulando a lo largo de la competencia, con alteraciones en Bilbao, Valladolid y el País Vasco, donde ya se habían recortado recorridos por bloqueos y sentadas. La última etapa, que debía consagrar al danés Jonas Vingegaard como campeón, terminó siendo interrumpida tras la invasión masiva en puntos clave como la Castellana y Colón.
El dispositivo de seguridad desplegó 1,100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil, sin embargo, no logró contener la oleada de manifestantes. Los disturbios se saldaron con 22 policías heridos por golpes y lanzamiento de objetos, además de dos personas detenidas. En el barrio de las Letras se registraron enfrentamientos con las unidades antidisturbios, mientras que en otros puntos céntricos como Callao y Atocha se multiplicaron las consignas de boicot a Israel y el ondeo de banderas palestinas.
La suspensión de la carrera generó reacciones políticas encontradas. Desde el gobierno, el presidente Pedro Sánchez expresó su respaldo a las movilizaciones, señalando que “hablan muy bien del pueblo de Madrid” y exigiendo la retirada del equipo israelí. Por su parte, dirigentes de Podemos como Ione Belarra e Irene Montero participaron en protestas paralelas. En contraste, el líder opositor Alberto Núñez Feijóo acusó al Ejecutivo de haber permitido un “ridículo internacional televisado en todo el mundo” al no garantizar el cierre de la competición.
Las protestas también desataron un choque diplomático. Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, calificó a Sánchez y a su gobierno de “una vergüenza para España”, acusándolo de alentar las movilizaciones contra el equipo Israel Premier Tech. La tensión se incrementa en medio de la ofensiva militar en Gaza, que según la ONU ha derivado en una crisis humanitaria con riesgo de hambruna.
En el terreno deportivo, Vingegaard lamentó la cancelación pero mostró comprensión hacia los manifestantes, señalando que “todo el mundo tiene derecho a protestar” aunque reconoció que la situación fue incierta y peligrosa para el desarrollo normal de la competencia. El director deportivo del equipo israelí, el español Carlos Guerrero, había abandonado días antes tras recibir amenazas y pintas en su vivienda en Navarra, un reflejo de la creciente presión social en torno a la participación del equipo.
