La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la que se reconoce la responsabilidad de elementos de la extinta Fuerza Civil en la muerte de los hermanos Jorge y Alberto Contina, ocurrida el 20 de junio de 2024 durante el desalojo de una protesta en el poblado de Totalco, municipio de Perote. La encargada de despacho de la CEDH, Minerva Pérez López, confirmó que la dependencia estatal mostró disposición para cumplir con las observaciones realizadas.
De acuerdo con la CEDH, los hechos constituyeron una violación grave a los derechos humanos de los pobladores de Totalco, quienes mantenían un plantón contra la empresa Granjas Carroll, señalada por acaparar agua y generar contaminación en la región. Testimonios de habitantes y pruebas recabadas confirmaron que policías estatales dispararon contra los manifestantes, alcanzando a los hermanos Contina, quienes ni siquiera participaban directamente en la protesta.
La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que el expediente fue entregado a la SSP y que la Secretaría se encontraba en el plazo legal para aceptar la recomendación. “Sí se violaron los derechos humanos, ese es el objetivo de la investigación”, declaró. Finalmente, la dependencia estatal notificó su aceptación, lo que abre paso a una investigación administrativa para determinar la responsabilidad de los servidores públicos implicados.
El operativo de Totalco derivó en una crisis institucional. Un día después de la represión, el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez ordenó la desaparición de la Fuerza Civil y la reubicación de más de 2 mil elementos bajo el mando de la Dirección de Operaciones de la SSP, además de anunciar controles de confianza. La decisión buscaba responder a las denuncias ciudadanas sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la corporación.
La Fiscalía General del Estado detuvo semanas después a Juan Carlos “N” y Joel “N”, exelementos de la Fuerza Civil acusados de abuso de autoridad, mientras que la Fiscalía General de la República imputó por homicidio doloso en riña a otros dos policías identificados como Eliseo S. y Baldomero R., quienes permanecían activos en la corporación al momento de los hechos. Ambos fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva.
La recomendación de la CEDH, emitida tras más de un año de investigación, establece la obligación de reconocer a las víctimas en el registro estatal y de garantizar medidas de reparación integral. También plantea la necesidad de revisar los protocolos de actuación de la SSP y reforzar la capacitación de sus elementos en materia de derechos humanos.
