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La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a nueve, mientras 55 personas permanecen hospitalizadas y otras 22 ya fueron dadas de alta, informó la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa). La tragedia, ocurrida el 10 de septiembre, se ha convertido en uno de los peores incidentes de la última década en la Ciudad de México, provocando luto, reclamos de justicia y exigencias de atención a las víctimas.
Entre las personas fallecidas se encuentran estudiantes, trabajadores y padres de familia, cuyas historias han salido a la luz con el paso de las horas. La joven universitaria Ana Daniela Barragán, de 19 años, fue identificada tras un examen de ADN, mientras que Juan Carlos Sánchez, estudiante del IPN, perdió la vida después de luchar contra las lesiones. Alicia Matías, de 49 años, sacrificó su vida al cubrir con su cuerpo a su nieta de tres años, quien sobrevivió y permanece hospitalizada.
El dolor se ha extendido entre las familias, que permanecen afuera de hospitales como el Rubén Leñero, el Balbuena y el Zaragoza, a la espera de reportes médicos. Algunos como Griselda Pérez, hermana de un herido, relatan la precariedad de sus seres queridos que no cuentan con seguridad social ni ingresos fijos, lo que agudiza la incertidumbre sobre su recuperación. En tanto, voluntarios y vecinos de distintas alcaldías se han movilizado para llevar alimentos, agua y mensajes de apoyo a quienes esperan noticias de sus familiares.
Las historias de sobrevivientes como Alfonso Pérez Gómez, un albañil que logró escapar de las llamas al subirse a una combi chamuscada, ilustran la magnitud de la tragedia. Otros, como Juan Carlos Bonilla y su hijo de 20 años, quedaron grabados en videos que circularon en redes sociales mientras huían de una ráfaga de fuego de casi 30 metros. Aunque el joven se encuentra estable, su padre continúa en terapia intensiva con quemaduras graves.
La magnitud del siniestro ha motivado a instituciones como la UNAM a ofrecer atención psicológica gratuita a los afectados. Expertos advierten que el impacto emocional de esta tragedia puede provocar estrés agudo, miedo, enojo, aislamiento y otros síntomas que requieren atención inmediata. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también anunció programas de acompañamiento psicológico y social para las familias damnificadas.
Mientras tanto, crece la indignación contra Transportadora Silza S.A. de C.V., filial del Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó. La empresa, fundada en Tijuana y con operaciones en al menos 16 estados y varios países de América Latina, acumula un historial de accidentes fatales, acusaciones de prácticas monopólicas y sanciones millonarias. En 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica multó al grupo con más de 2 mil 400 millones de pesos por manipular precios y repartirse el mercado del gas LP.
Reportes de prensa documentan que pipas de Tomza han estado involucradas en explosiones recientes en Ciudad Juárez, Puebla y Sinaloa. Además, en 2021, empresas de la familia Zaragoza, dueña de Silza, fueron suspendidas de los padrones del SAT por distorsionar el mercado del gas en Baja California. En esa entidad, controlan más del 60% de la distribución, lo que ha provocado denuncias de exclusión de competidores como Blue Propane, que abandonó la región tras años de litigios.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con peritajes para esclarecer las causas exactas de la explosión, mientras familias, autoridades y organizaciones civiles exigen justicia y reparación de los daños. La tragedia en Iztapalapa no solo expuso la vulnerabilidad de miles de habitantes, sino también los riesgos de operar un mercado dominado por grupos empresariales con antecedentes de irregularidades.
