Un juez federal en Almoloya de Juárez y otro en Baja California libraron órdenes de aprehensión contra ocho integrantes de la empresa Mefra, dedicada al transporte marítimo de combustibles, entre ellos el empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, conocido como El Señor de los Buques. Las investigaciones apuntan a que esta compañía operaba en conjunto con funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y mantenía nexos con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un esquema de contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos.
De acuerdo con la causa penal 216/2025, Blanco Cantú y sus socios estarían implicados en la posesión ilícita de más de 1.8 millones de litros de gasolina y 580 mil litros de diésel. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en marzo, cuando se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburos en un buque atracado en Tampico, operación que derivó en la detención de 14 personas, entre ellas nueve marinos. Documentos oficiales señalan que la red tenía capacidad para corromper y presionar a autoridades judiciales y ministeriales.
La Fiscalía General de la República (FGR) también imputa a José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde jalisciense preso por vínculos con el CJNG; José René Tijerina Mendoza, con decenas de viajes al extranjero; y Jesús Tadeo Amaya Olvera, vinculado a la empresa AMOL. Todos ellos habrían operado empresas fachada como Mefra Fletes y Auto Líneas Roca, que carecían de permisos para importar hidrocarburos, pero que transportaban combustible robado o ingresado con documentos falsos por los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico.
El caso de Ensenada reveló el hallazgo de decenas de tractocamiones y pipas rotuladas con las marcas de Mefra y AMOL, lo que reforzó las sospechas sobre un entramado empresarial para lavar y comercializar combustible ilícito. A pesar de las órdenes judiciales, los principales implicados no han sido capturados y, según la FGR, intentan evadir la justicia con recursos millonarios, incluso ofreciendo sobornos para evitar detenciones.
El episodio del buque Challenge Procyon, descargado en Altamira bajo documentos falsificados que lo declaraban como aditivos para lubricantes, se considera uno de los mayores decomisos de hidrocarburos de contrabando. Funcionarios de la Marina asignados a las aduanas de Tamaulipas habrían protegido la operación, permitiendo la entrada de al menos 31 buques bajo esquemas similares. El combustible era distribuido en tractocamiones con los logotipos de Mefra Fletes, confirmando la participación directa de Roberto Blanco Cantú.
Otra operación detectada ocurrió en Guaymas, Sonora, con el buque Torm Agnes, que desembarcó más de 2 millones de litros de diésel bajo registros alterados. El caso puso en evidencia omisiones de la Marina y de la empresa privada SEICSA, contratada por el gobierno federal para vigilar el puerto. Documentos obtenidos por transparencia confirmaron que el sistema de monitoreo portuario nunca se activó, pese a los contratos millonarios otorgados.
La red también despertó interés internacional: el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y el Tesoro han seguido la pista del huachicol marítimo como parte de la expansión del CJNG hacia el Caribe y Centroamérica. Las empresas relacionadas con Blanco Cantú compartían domicilios fiscales y representantes con compañías fantasma, lo que permitió a la FGR documentar una estructura diseñada para operar con impunidad durante años.
Con al menos 14 personas ya detenidas y procesadas, la eventual captura de El Señor de los Buques representaría un golpe a una de las tramas más sofisticadas de contrabando de hidrocarburos en México. La FGR calcula que los delitos imputados a esta red podrían derivar en sentencias de hasta 17 años de prisión. El caso también cuestiona la efectividad del control portuario entregado a la Semar desde 2022, bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
