La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México preparan un operativo sin precedentes contra el llamado huachicol fiscal. Más de 200 órdenes de aprehensión están listas en contra de agentes aduanales, militares en activo y empresarios acusados de participar en el contrabando de combustible. Entre los señalados figura Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y militante del PAN, vinculado con una empresa investigada por el trasiego de hidrocarburos.
Las solicitudes de captura comenzaron a girarse desde el 1 de agosto y se prevé que continúen en los próximos meses. Fuentes federales confirmaron que parte de los implicados ya fueron suspendidos de sus cargos en aduanas estratégicas como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ensenada. El pasado 14 de agosto, autoridades informaron que 14 personas fueron detenidas en relación con un decomiso de 10 millones de litros de diésel ilegal en Tamaulipas.
Uno de los casos que más llama la atención es el de la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada en un decomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila. La compañía, inicialmente dedicada a relaciones públicas y bienes raíces, modificó en 2019 su objeto social para incursionar en el sector energético. En 2021 sumó a Ruffo Appel como socio mayoritario y en 2023 obtuvo un permiso federal para importar 500 millones de litros de gasolinas y diésel, pese a que existía un congelamiento general de autorizaciones.
Ruffo Appel ha negado cualquier implicación y asegura que la empresa opera dentro de la legalidad, atribuyendo la responsabilidad a la comercializadora Crismón Hidrocarburos y Derivados, con la que trabajan por autorización de la Comisión Reguladora de Energía. “Yo ando haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”, declaró recientemente al ser cuestionado sobre el caso.
Las investigaciones también alcanzan a altos mandos militares. La SSPC confirmó la detención del vicealmirante Manuel Farías Laguna por su participación en operaciones de contrabando. El modus operandi de las redes implicadas consistía en declarar aditivos químicos y aceites para lubricantes cuando en realidad se introducían millones de litros de gasolina y diésel. Este mecanismo permitió a buques y trenes ingresar combustible al país sin pagar impuestos, a cambio de sobornos millonarios.
En marzo, al menos tres buques extranjeros fueron interceptados con cargamentos ilegales: el High Challenge, con bandera de Liberia, con 50 millones de litros; el Torm Agnes, de origen chino, con 10 millones de litros; y el Challenge Procyon, de Singapur, con 20 millones de litros. En tierra, la aduana de Nuevo Laredo detectó 80 pipas y 100 carrotanques con aproximadamente 20 millones de litros de combustible oculto bajo falsas declaraciones.
La magnitud del problema llamó la atención de agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses, lo que derivó en que, desde 2020, todas las aduanas del país pasaran a manos de la Sedena y la Marina. Sin embargo, el contrabando no solo persistió, sino que se sofisticó, obligando al gobierno federal a lanzar en abril de 2025 un operativo en seis aduanas del norte con apoyo de la Guardia Nacional.
Las indagatorias ahora se extienden a empresas importadoras y comercializadoras con permisos para operar en el sector energético. Entre 2015 y 2024, la CRE recibió 983 solicitudes para comercializar hidrocarburos, de las cuales solo 40% se concretaron. Hoy, la FGR considera que varias de estas compañías han sido piezas clave en el engranaje del huachicol fiscal, que generó ganancias por miles de millones de dólares al crimen organizado y a funcionarios corruptos.
