La disputa por la rectoría de la UV sigue escalando. Ayer un grupo de universitarios, encabezados por el exrector Raúl Arias Lovillo, realizó una toma pacífica de la rectoría, donde expusieron un pliego petitorio resumido en los siguientes puntos:
- Renuncia de Martín Aguilar como rector.
- Disolución de la Junta de Gobierno e integración de una nueva, así como la designación de un rector interino que convoque al proceso de elección ordinaria a partir de enero de 2026;
- Cese del hostigamiento a los miembros de la comunidad universitaria.
Para intentar serenar los ánimos, bajó una comisión enviada por Martín Aguilar para entablar un diálogo. Al escuchar el pliego petitorio, se declaró incompetente para resolver cualquiera de las demandas expuestas. Era una trampa: no existía disposición real al diálogo, mucho menos a la entrega de la rectoría.
En una maniobra explícitamente ilegal, pero sobre todo inmoral, Martín Aguilar solicitó una prórroga que le fue autorizada por una Junta de Gobierno complaciente, lo que le permite mantenerse en el cargo por cuatro años más. La primera pregunta es: ¿cuáles son los méritos académicos que justifican esta decisión? Durante los últimos cuatro años, 27 programas de posgrado han perdido la acreditación del Conacyt. Entre 2021 y 2025, la Universidad descendió en el ranking nacional del lugar 10 al 19 (ver aquí). En realidad, uno de los aspectos por los que más se identifica públicamente a Martín Aguilar es su abierta subordinación con Cuitláhuac García.
En marcado contraste con la actitud de la exrectora Sara Ladrón de Guevara, quien en 2016 confrontó a Javier Duarte para exigir la entrega de recursos desviados, Martín Aguilar apuesta por sostenerse en el cargo a partir de su sumisión con Morena.
El asunto seguirá generando noticia durante varios días y puede convertirse en un peligroso precedente tanto para el prestigio como para el funcionamiento de la UV. Por lo pronto, están en curso al menos cinco juicios de amparo en contra de esta ominosa prórroga. La batalla inició en los tribunales y ayer escaló mediante la movilización universitaria.
Sea cual sea el desenlace de la disputa, esta Junta de Gobierno ha perdido viabilidad política para seguir funcionando. De quedarse Martín Aguilar, se enquistarán en la institución como corresponsables del deterioro por algunos años. De proceder la anulación de esta prórroga, inevitablemente tendrán que rendir cuentas a la comunidad universitaria y dar paso a una Junta más plural y, sobre todo, más legítima.
