La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, concedió una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con lo que frenó de manera temporal cualquier nueva orden de aprehensión en su contra. La resolución establece que no podrá ser privado de su libertad aun si comparece a audiencias iniciales y se le impone prisión preventiva, pues esta no será ejecutable mientras esté vigente la medida.

La determinación no está relacionada con la acusación por el presunto desvío de tres mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Apatzingán, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. En este caso, el exmandatario aún enfrenta procesos abiertos. La jueza precisó que, conforme al artículo 168 de la Ley de Amparo, Aureoles deberá entregar una garantía de 100 mil pesos en un plazo de cinco días para mantener la protección concedida.

De acuerdo con el fallo, tampoco existen elementos que indiquen que Aureoles pretenda evadir la acción de la justicia. La audiencia en la que se definirá si la suspensión será definitiva está programada para el viernes 22 de agosto. Esta medida busca determinar el alcance de la protección y si permanecerá vigente durante el resto del proceso.

En paralelo, Aureoles enfrenta una orden de aprehensión emitida en febrero por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, con sede en el Reclusorio Oriente, por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con el mismo caso de los cuarteles. Este miércoles 20 de agosto está citado a audiencia de imputación a las 10:00 horas.

El caso también involucra a cuatro exfuncionarios de su administración, ya vinculados a proceso en marzo por los mismos delitos. Entre ellos figuran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; así como Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, exdelegados administrativos de la SSP en Michoacán.

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