En una tensa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y China protagonizaron este lunes un enfrentamiento diplomático por la influencia en el Canal de Panamá. La representante interina de Washington, Dorothy Shea, advirtió que la presencia china en infraestructura crítica y operaciones portuarias de la vía interoceánica representa “una amenaza no solo para Panamá y Estados Unidos, sino también para el comercio y la seguridad global”. Pekín rechazó las acusaciones, calificándolas de “mentiras” y de un pretexto para que Estados Unidos busque retomar el control del canal.

El presidente panameño José Raúl Mulino, que presidía la reunión por la presidencia rotatoria de Panamá en el consejo, defendió la neutralidad de la vía como “la mejor y única defensa” frente a cualquier amenaza específica o global. Subrayó que el canal, bajo administración panameña desde 1999 tras los Tratados Torrijos-Carter de 1977, es un servicio público global sujeto a un régimen de neutralidad que garantiza el tránsito igualitario para embarcaciones de todas las banderas.

Estados Unidos, que construyó la vía a principios del siglo XX, ha intensificado su presión en los últimos meses. Washington ha promovido que el operador de puertos en ambos extremos del canal, filial del grupo CK Hutchison con sede en Hong Kong, venda sus intereses a un consorcio estadounidense. Además, en abril, el secretario de Defensa Pete Hegseth firmó con Mulino un acuerdo para reforzar la cooperación en seguridad, otorgando a tropas estadounidenses acceso a instalaciones estratégicas, lo que provocó protestas en Panamá.

China, a través de su embajador Fu Cong, defendió que ha respetado la soberanía panameña y la neutralidad permanente del canal, además de aportar inversiones para el desarrollo portuario y comercial. Fu acusó a Estados Unidos de “coerción económica” y de ser “el mayor perturbador de la paz y la estabilidad” en el área del Mar de China Meridional, al tiempo que instó a Washington a dejar de “fabricar rumores y crear problemas”.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ente autónomo encargado de la operación, ha duplicado su capacidad en 25 años, ampliando sus esclusas y mejorando la seguridad. La ampliación de 2016 permitió incrementar en 50% el tráfico y se prevé que este año más de la mitad de sus ingresos provengan de la nueva infraestructura. Sin embargo, la ACP también ha enfrentado retos operativos como la sequía de 2023–2024, que redujo el número de cruces diarios y elevó los costos logísticos globales.

El contexto geopolítico ha convertido a la vía en un punto de fricción. Washington advierte que la expansión de proveedores y contratistas chinos en puertos, sistemas de comunicaciones y servicios auxiliares introduce vulnerabilidades y dependencia tecnológica. Pekín, por su parte, insiste en que sus proyectos cumplen con la normativa local y no interfieren en la gestión de la ACP.

Para el gobierno panameño, preservar la neutralidad del canal es clave para mantener su reputación como corredor seguro y previsible. Mulino recordó que la soberanía de Panamá sobre la vía está respaldada por el derecho internacional, lo que, dijo, es la mejor garantía contra cualquier asimetría de poder económico o militar.

En la ONU quedó patente que la estabilidad del canal requiere vigilancia continua, reglas claras y cooperación internacional. Mientras Estados Unidos y China mantienen sus acusaciones cruzadas, Panamá busca equilibrar las relaciones con ambos gigantes, atraer inversiones y asegurar que el canal siga siendo un eslabón confiable del comercio marítimo mundial.

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