El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para sancionar a 121 candidatos al Poder Judicial de la Federación (PJF) que resultaron electos y cuyos nombres aparecieron en los polémicos «acordeones» durante la elección del 1 de junio. Aunque en un principio se propuso una multa equivalente al 10% del tope de gastos de campaña, la mayoría de las sanciones fueron reducidas drásticamente, en algunos casos hasta en un 90%, al considerar la supuesta capacidad económica de los involucrados.
Los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todos incluidos en los acordeones, recibirán sanciones inferiores al castigo económico inicial de 146 mil 885 pesos. Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la SCJN, solo pagará 39 mil 712 pesos, mientras que Loretta Ortiz, identificada con mayor capacidad de pago, cubrirá casi la totalidad con 127 mil 508 pesos. Yasmín Esquivel será multada con 95 mil 490 pesos, Lenia Batres con 44 mil 690, y Estela Ríos con 62 mil 905 pesos.
En cuanto a otros cargos judiciales, Celia Maya, quien se perfila para presidir el Tribunal de Justicia Disciplinaria, será la única que pague la totalidad de su multa; Eva Verónica De Gyves abonará 146 mil 629 pesos. El resto de los magistrados de ese tribunal, así como los dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pagarán sanciones variables entre 27 mil y 133 mil pesos, según el análisis individual de cada caso.
La Unidad de Fiscalización del INE reportó la existencia de 336 acordeones físicos y diez modelos distintos de guías de votación, en los que aparecieron al menos 236 candidatos ganadores. Sin embargo, sólo 121 serán sancionados, sin que se detalle por qué se excluye a más de un centenar de aspirantes también señalados. De los 685 aspirantes requeridos por el INE para explicar su aparición en los acordeones, 448 presentaron deslindes.
Aunque el INE no logró determinar quiénes financiaron o imprimieron los acordeones, se concluyó que estos constituyen propaganda ilegal pagada por terceros. A pesar de desplegar sus facultades de investigación, el organismo no obtuvo información útil de imprentas, periodistas o compañías telefónicas ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien solicitó datos financieros de empresas de impresión.
Según el dictamen, los candidatos beneficiados no realizaron ninguna acción para frenar la distribución de los acordeones, limitándose a deslindarse tras ser requeridos por la autoridad electoral. Esta omisión es interpretada como una aceptación tácita del beneficio recibido, lo cual basta, según el INE, para imponer una responsabilidad indirecta por la ventaja obtenida.
El INE también detectó que hubo otras faltas graves en los informes financieros de los candidatos judiciales, como ingresos y egresos no comprobados, uso irregular de cuentas bancarias y omisión de reportes. Por estas irregularidades, se prevé que las multas globales para esta elección judicial asciendan a 26.5 millones de pesos, de los cuales 3.3 millones corresponden únicamente al caso de los acordeones.
El anteproyecto de dictamen, que será votado por el Consejo General del INE, subraya que, aunque no se logró determinar la identidad de quienes elaboraron o repartieron los acordeones, la evidencia recabada basta para imponer sanciones. Se enfatiza que los aspirantes beneficiados alcanzaron el objetivo último de su campaña: ganar la elección, y por tanto deben asumir una responsabilidad por ese resultado.
