Petróleos Mexicanos (Pemex) recibirá un nuevo salvavidas financiero por parte del Gobierno de México a través de una compleja operación diseñada por la Secretaría de Hacienda, que contempla la emisión de bonos con respaldo estatal indirecto. Mediante un fideicomiso denominado Eagle Funding, se colocarán Notas Pre-Capitalizadas en el mercado internacional, con un monto estimado entre 7 mil y 10 mil millones de dólares. Estos recursos se utilizarán para adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos y luego transferir su valor a Pemex, que enfrenta una deuda financiera que supera los 100 mil millones de dólares.
La operación se llevará a cabo a través de un esquema sofisticado donde Hacienda, sin dar una garantía explícita, respalda la transacción de forma contingente. Si Pemex incumple sus obligaciones, el Estado mexicano intervendrá emitiendo bonos soberanos, lo que en la práctica significa que la deuda recae sobre la nación. Aunque se trata de una estrategia técnicamente compleja y presentada como inversión estructurada, organismos como S&P advierten que es deuda pública encubierta que implica riesgos para los contribuyentes.
El instrumento, denominado P-Caps, se emitirá bajo ley de Nueva York y estará listado en la Bolsa de Luxemburgo. Tendrá vencimientos escalonados entre 2027 y 2030, con pagos semestrales, y se espera que la emisión ocurra el 28 de julio. JP Morgan funge como asesor único, con Citi y BofA Securities como colocadores conjuntos. El mínimo de participación por inversionista es de 250 mil dólares. Según Hacienda, esta operación busca “fortalecer la posición de liquidez de Pemex y atender sus obligaciones a corto plazo”.
Especialistas señalan que esta maniobra permitirá a Pemex acceder a financiamiento más barato, ya que el respaldo estatal reduce el riesgo percibido por los inversionistas. El economista Víctor Gómez Ayala calificó la figura como “bastante creativa”, pues permite a Pemex recibir los bonos del Tesoro, los cuales puede utilizar de forma estratégica, mientras que la carga recae, eventualmente, en el Estado mexicano si la empresa incumple. Esto representa una deuda más barata que la que Pemex emitiría por sí sola.
La agencia calificadora S&P destacó que los recursos equivalen a entre el 7 y 10 % de la deuda total de Pemex, y aunque reconoce que contribuirán a mejorar su perfil de vencimientos, advierte que no serán suficientes para cubrir todos los pasivos financieros y operativos de corto plazo. Pemex enfrenta adeudos con proveedores por más de 20 mil millones de dólares, lo que mantiene en riesgo a empresas contratistas, especialmente en el sureste del país, que han denunciado impagos reiterados.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha planteado esta medida como parte de un plan más amplio de rescate que incluye refinanciamientos con organismos multilaterales, recorte de costos y reestructuración interna. Sin embargo, críticos sostienen que la petrolera continúa dependiendo de un apoyo soberano que compromete al erario. La calificadora S&P reitera que la relación entre Pemex y el gobierno es tan estrecha que la probabilidad de apoyo extraordinario en caso de dificultades financieras es “casi cierta”.
A pesar del alivio que implica esta emisión, el panorama financiero de Pemex sigue siendo complicado. En lo que resta del sexenio debe pagar más de 47 mil millones de dólares, mientras que este año solamente tiene vencimientos por 6,400 millones. El modelo usado por Hacienda puede ser eficaz a corto plazo, pero deja al descubierto que el Estado sigue actuando como garante de una empresa en crisis estructural, lo que puede traducirse en pasivos significativos para las finanzas públicas en el mediano plazo.
