Verónica Hernández Giadáns, actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, contará con protección personal y familiar durante cuatro años una vez que concluya su encargo o se separe del mismo, según el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la FGE. Esta medida, publicada recientemente en la Gaceta Oficial del Estado, estipula que dicha protección incluirá escoltas integradas por al menos cinco elementos de la Policía Ministerial y el uso de vehículos blindados, todo financiado con recursos públicos del organismo autónomo.
De acuerdo con el reglamento, la protección deberá activarse desde el día siguiente a su separación del cargo. Además, los policías ministeriales asignados conservarán todos sus derechos laborales y percepciones económicas durante ese periodo. La ayuda logística y operativa estará a cargo de una Ayudantía integrada exclusivamente por agentes comisionados, quienes serán responsables de resguardar tanto a la exfiscal como a su familia y los inmuebles en los que permanezca o se desplace.
El reglamento también especifica que esta prerrogativa puede revocarse si la persona que ocupó el cargo acepta otro empleo en algún nivel de gobierno o si incurre en delitos considerados graves. A su vez, establece que el equipo de escolta deberá mantenerse debidamente identificado, portar armamento registrado y operar vehículos que recibirán mantenimiento y abastecimiento con cargo a la FGE.
Esta disposición cobra relevancia ante la posibilidad de que Verónica Hernández deje el cargo antes de cumplir su periodo de nueve años, ya que desde noviembre de 2024 se discute en el Congreso de Veracruz una reforma constitucional que podría reducir el tiempo de gestión del Fiscal General a cuatro años, con posibilidad de reelección condicionada. Dicha iniciativa también plantea que la gobernadora o el gobernador en turno puedan solicitar su remoción por causas graves.
Hernández Giadáns asumió la titularidad formal de la Fiscalía en mayo de 2020, tras fungir como encargada de despacho desde septiembre de 2019, cuando Jorge Winckler Ortiz fue destituido por no cumplir con los exámenes de confianza. Si la reforma avanza, ella deberá someterse a un procedimiento de ratificación o bien abandonar el cargo, abriendo la puerta a que se active esta nueva medida de protección.
Aunque el dictamen de la iniciativa permanece en pausa, se prevé que sea presentado y discutido a más tardar en este mes de julio. De aprobarse, significaría un cambio profundo en el diseño institucional del organismo, incluyendo las reglas de permanencia, remoción y protección de quienes encabecen la FGE. La propuesta ha generado distintas posturas en el Congreso local, sobre todo por los beneficios que se garantizarían a exfiscales con recursos públicos.
El nuevo reglamento también detalla que las funciones de la Ayudantía incluyen proteger al fiscal y su familia, resguardar los espacios donde pernocte, planear actividades con su equipo privado y mantener constante capacitación. Aunque esta estructura tiene respaldo legal, el otorgamiento de escoltas por cuatro años después del ejercicio del cargo genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad del gasto público y la necesidad de tales medidas en un estado con serios problemas de seguridad.
