Un tribunal de Jalisco sentenció este 8 de julio a diez hombres con penas de 141 años y tres meses de prisión cada uno, por su responsabilidad en delitos cometidos en el llamado “Rancho Izaguirre”, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además de la condena, se les impuso una multa de 651 mil pesos y una reparación del daño cercana a 1.3 millones por víctima.
Los ahora sentenciados fueron detenidos en septiembre de 2024 tras un operativo de la Guardia Nacional en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron liberadas dos personas privadas de su libertad y se halló un cadáver. Los imputados enfrentaron cargos por desaparición por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado.
Durante el juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado encontró elementos suficientes para responsabilizarlos de los delitos. El rancho funcionaba como centro de reclutamiento, adiestramiento y tortura al servicio del CJNG, según denunciaron colectivos y confirmó la autoridad.
El lugar fue descubierto en marzo de 2025 gracias al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Allí se hallaron objetos personales, restos humanos y evidencia de prácticas sistemáticas de violencia. Pese a las alertas previas, la fiscalía estatal no actuó oportunamente.
Por estas omisiones, la Fiscalía General de la República intervino en las investigaciones, señalando fallas en la preservación de evidencias. El caso evidenció la complicidad o negligencia de autoridades locales ante hechos vinculados al crimen organizado.
Además de los diez condenados, hay otros cinco implicados en proceso, incluidos tres policías municipales, un reclutador y el exalcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, presuntamente vinculado con las operaciones del cártel en la región.
Colectivos de familias de desaparecidos celebraron la sentencia, pero exigieron que no se quede como un hecho aislado. Afirmaron que la reparación económica es insuficiente frente al daño causado y que aún falta justicia plena.
Este caso se considera un avance frente a la impunidad que impera en crímenes del narco, pero también un recordatorio de que la verdad y justicia muchas veces llegan tarde y por presión ciudadana.
