Grupo Minero Bacis reportó el presunto robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata, ocurrido en el trayecto entre Durango y el puerto de Manzanillo. A pesar de la magnitud del hecho, la empresa decidió no presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Jalisco, donde supuestamente ocurrió el incidente, según informó el fiscal estatal.
De acuerdo con las autoridades, un representante de la empresa transportista –propietaria del tractocamión involucrado– acudió al Ministerio Público para notificar el hecho. Sin embargo, aclaró que la empresa minera no tenía intención de denunciar. El tractocamión fue hallado vacío en Acatlán de Juárez y permanece bajo resguardo ministerial.
Hasta el momento, no hay constancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya recibido una denuncia formal. Tampoco existe un manifiesto de carga oficial, lo que complica el seguimiento del caso. El fiscal señaló que sin estos elementos no se puede iniciar una investigación robusta.
Autoridades estatales y federales coincidieron en que no hay evidencia concreta de que el robo ocurriera en territorio jalisciense. Además, destacaron que la falta de denuncia limita las posibilidades de acción, ya que se trata de un posible delito federal por la naturaleza de la mercancía.
La información sobre el robo se conoció públicamente a través de medios de comunicación y redes sociales. Según versiones extraoficiales, un comando armado interceptó el vehículo, sometió al conductor y al equipo de seguridad, y se llevó la carga sin dejar rastro.
Analistas en seguridad y transporte han cuestionado la decisión de la minera de no proceder legalmente, ya que esto deja impune un posible delito millonario. Además, destacan que la omisión podría sentar un mal precedente para otros casos similares en el sector minero.
El fiscal de Jalisco aseguró que si se presenta una denuncia, la Fiscalía está en disposición de colaborar y coordinarse con la FGR. Mientras tanto, el caso se mantiene estancado por la falta de acción por parte de las partes involucradas.
Este hecho pone en evidencia las debilidades en la cadena de custodia de minerales valiosos y la necesidad de mayor transparencia en el sector. La falta de seguimiento podría facilitar futuras operaciones ilegales en carreteras mexicanas.
