La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto tras revelarse que podría haber recibido un soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del software espía Pegasus. La información fue difundida por el diario israelí The Marker, y detalla que empresarios de ese país, involucrados en la venta del programa, habrían sido quienes realizaron el pago.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, señaló que a diferencia de denuncias anteriores, esta vez hay elementos “específicos, claros y precisos” para avanzar en la indagatoria. Por ello, la dependencia solicitará asistencia jurídica internacional a Israel para obtener la documentación que respalde o refute estas acusaciones.
El presunto soborno habría ocurrido entre 2012 y 2018, periodo en que Peña Nieto ocupó la presidencia. Según la investigación, los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher habrían destinado ese dinero para facilitar la firma de contratos con el gobierno mexicano, entre ellos, el relacionado con Pegasus.
Peña Nieto negó categóricamente las acusaciones a través de sus redes sociales, asegurando que se trata de una insinuación sin fundamentos. Afirmó que nunca intervino en la asignación de contratos públicos y que no tiene vínculo alguno con las personas mencionadas.
La FGR enfrenta retos diplomáticos, ya que el gobierno de Israel ha sido renuente a colaborar en otros casos, como el del exfuncionario Tomás Zerón. Sin embargo, Gertz expresó su esperanza de que en esta ocasión la cooperación sea efectiva para esclarecer los hechos.
El caso revive la polémica sobre el uso de Pegasus en México, software que fue utilizado ilegalmente para espiar a periodistas, activistas y políticos. Diversas organizaciones han exigido investigaciones independientes y sanciones ejemplares para evitar la repetición de estas prácticas.
Si se confirma el soborno, Peña Nieto podría enfrentar cargos por corrupción, cohecho y daño a la administración pública. El caso aún se encuentra en etapa inicial, pero ha generado reacciones políticas y sociales en todo el país.
El desarrollo de esta investigación será clave para conocer si se procederá penalmente contra el exmandatario o si, una vez más, el caso quedará sin consecuencias legales.
