En Xalapa, alrededor de mil 200 familias de colonias como El Sumidero 3 y Las Torres protestaron contra el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), al que acusan de exigir hasta 400 mil pesos para la escrituración de terrenos, sin realizar estudios socioeconómicos previos y dando solo 15 días para pagar o enfrentar recargos.
El representante de Vanguardia Veracruzana, Lorenzo Gutiérrez, explicó que muchos de los afectados son adultos mayores, amas de casa y trabajadores. Señaló que esta presión económica ya ha comenzado a causar problemas de salud en la comunidad. También acusó persecución política y exigió una mesa de diálogo con las autoridades estatales.
Al mismo tiempo, habitantes de otras colonias como Independencia, Plan de Ayala, Dolores Hidalgo y Luis Donaldo Colosio denunciaron cobros desproporcionados por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), recibiendo facturas de hasta 12 mil pesos por solo cuatro meses de servicio, aunque en muchos casos el agua no llega.
Vecinos de la colonia Benito Juárez bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas para exigir tarifas más justas. Indicaron que a pesar de la falta del servicio, siguen recibiendo recibos de entre mil y tres mil pesos, generando deudas impagables. Afirmaron que la situación es insostenible y atenta contra su derecho al agua.
En fraccionamientos como Lomas Verdes y Morada del Quetzal, los cobros son aún más altos: los recibos llegan a superar los 36 mil e incluso los 100 mil pesos. Además, se incluyen cuotas de saneamiento, a pesar de que no existe ninguna planta en funcionamiento que respalde dicho cargo.
Los inconformes también cuestionaron la falta de atención del gobierno municipal, acusándolo de demagogia y de no ofrecer soluciones reales. Solicitan que se establezca una tarifa social acorde a su realidad económica, y que se suspendan los cobros mientras no se garantice el servicio.
La población advierte que continuará movilizándose de forma pacífica hasta recibir respuesta. Exigen la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Congreso local, pues consideran que se están violando sus derechos básicos a la vivienda y al acceso al agua potable.
Estas protestas reflejan el hartazgo de cientos de familias que no solo enfrentan carencias, sino también cobros que consideran injustos y arbitrarios. La exigencia es clara: servicios básicos dignos, sin abusos económicos.
