Durante la cuarta diligencia de exhumación en las fosas clandestinas del panteón de Jojutla, Morelos, colectivos de búsqueda reportaron la recuperación de más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, entre 10 y 12 mujeres y una decena de restos óseos. La cifra es aproximada debido a irregularidades en la clasificación de los restos por parte de la Fiscalía de Morelos, según denunció Amalia Alejandra Hernández Hernández, representante del colectivo “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla”. El hallazgo se realizó en el marco de los trabajos iniciados en abril por acuerdo entre autoridades y familiares de víctimas.
Las labores fueron suspendidas de manera temporal por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada debido al riesgo de colapso del muro perimetral del panteón, debilitado por las intensas lluvias provocadas por el huracán Erick. Un dictamen de Servicios Periciales advirtió que el muro, de 24.4 metros de largo y 1.95 de alto, presenta fracturas y fisuras que comprometen su estabilidad. Además, la excavación alcanzó una profundidad de 2.5 metros, lo que incrementa el peligro para los trabajadores en campo.
El colectivo denunció también irregularidades graves en la toma de muestras y en el embalaje de los restos, lo que impide contar con un registro preciso de los cuerpos recuperados. Por ejemplo, algunos restos completos fueron registrados como «huesos dispersos» y en ciertos embalajes se encontraron varios cuerpos mezclados, complicando la identificación de las víctimas. Amalia Hernández señaló que la falta de homologación en la nomenclatura de la Fiscalía contribuye a la confusión en las cifras.
Además, la Guardia Nacional, encargada de resguardar y permitir la toma de muestras genéticas, no estuvo presente en varias jornadas de trabajo, lo que retrasó el levantamiento de perfiles de ADN fundamentales para la identificación de las víctimas. A esto se suma la carencia de personal especializado en campo: no hubo antropólogos físicos ni arqueólogos adscritos a la Fiscalía durante las diligencias, y la única arqueóloga presente no cuenta con cédula profesional en la especialidad.
La representante del colectivo exigió la presencia directa del fiscal Edgar Maldonado en el lugar de los hechos y no sólo en reuniones de oficina, para que constate las condiciones reales del trabajo forense. “Queremos que venga, vea cómo trabajamos, escuche a las víctimas y sepa lo que pasa. No es lo mismo que recibir una tarjeta informativa”, reclamó Amalia, al denunciar también la desinformación que, dijo, ha difundido la comisionada de Atención a Víctimas, Penélope Picazo Hernández.
Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que la suspensión de las labores responde estrictamente a razones de seguridad estructural y que se retomarán una vez que se garantice la estabilidad del muro perimetral. Recordó que esta fase de exhumaciones fue acordada el 16 de abril con los colectivos de búsqueda, representantes de organismos públicos y autoridades de los tres niveles de gobierno, en respuesta a las demandas de familiares de desaparecidos.
En días próximos, el fiscal Maldonado sostendrá una nueva reunión con los colectivos para evaluar los resultados obtenidos hasta el momento y definir la fecha para reanudar las excavaciones en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los familiares de víctimas que exigen respuestas claras y mayor transparencia en los procesos forenses, en un estado marcado por las denuncias de desaparición y hallazgos de fosas clandestinas.
