Integrantes del colectivo feminista Holy Yash protagonizaron una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para exigir un encuentro directo con autoridades federales. Las mujeres instalaron un campamento desde hace una semana y este jueves algunas intentaron ingresar a la sede oficial, escalando las rejas del inmueble mientras otras lanzaban consignas a través de altavoces.
El grupo demanda justicia por el caso de una menor de 12 años que presuntamente fue secuestrada y abusada sexualmente por elementos de la Policía de Tránsito de Chimalhuacán, Estado de México, en 2018. Durante su protesta, algunas manifestantes escalaron la entrada principal de la Segob y bloquearon ambos carriles de la avenida Bucareli, una de las vialidades más importantes de la capital, lo que afectó la circulación entre Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Federal y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) permanecieron en el lugar para prevenir incidentes. Tras varias horas de tensión, la madre de la menor, Irene, quien había subido a lo alto de una estructura, descendió con apoyo del personal de rescate sin que se reportaran lesionadas.
Por la noche, funcionarios de la Segob, como el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y Evangelina Hernández, jefa de oficina de la dependencia, ofrecieron una mesa de diálogo con las manifestantes y familiares de la víctima. La protesta terminó con el inicio de este nuevo acercamiento, aunque el colectivo advirtió que continuará exigiendo justicia hasta que se castigue a los responsables.
Autoridades federales indicaron que desde 2022 la familia de la menor ha recibido atención a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Además, su caso ha sido abordado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y otras instancias locales y federales.
A pesar de esta atención institucional, las activistas señalan que no hay avances claros en las investigaciones y acusan impunidad en el caso. Insisten en reunirse con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para exigir garantías de justicia real y protección efectiva para la menor y su familia.
