La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que la propuesta del Infonavit para regularizar viviendas ocupadas de manera irregular no vulnerará la propiedad privada ni los derechos de quienes aún pagan sus créditos hipotecarios. Desde Palacio Nacional, explicó que el programa busca atender el rezago de aproximadamente 800 mil viviendas abandonadas o invadidas en el país, las cuales fueron construidas en sexenios anteriores bajo esquemas deficientes y alejados de los centros urbanos, sin servicios básicos ni condiciones adecuadas de habitabilidad.
La mandataria subrayó que el gobierno federal no avalará ninguna acción que implique despojo de inmuebles a sus legítimos propietarios, como algunas voces en medios de comunicación han sugerido. “La propiedad privada está resguardada por la Constitución y no se va a permitir ninguna violación a ese derecho”, afirmó, y agregó que actualmente se realiza un censo nacional para determinar la situación jurídica de cada vivienda y encontrar soluciones sin afectar a los trabajadores.
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que se busca implementar un programa de renta con opción a compra para quienes hoy ocupan esas casas sin documentos legales, siempre y cuando acepten regularizar su situación. Hasta ahora, se ha detectado que 145 mil de estas viviendas están invadidas y 23 mil vandalizadas o totalmente abandonadas. No obstante, Romero advirtió que quienes no acepten regularizarse perderán toda posibilidad de obtener la propiedad legal del inmueble.
Sheinbaum explicó que el problema se originó por malas decisiones del pasado, cuando se construyeron fraccionamientos lejos de los centros de trabajo, lo que obligó a miles de beneficiarios a abandonar sus casas por la inviabilidad de habitarlas. A esto se sumaron casos de fraude, donde una misma vivienda llegó a venderse hasta cinco veces, generando un desorden inmobiliario que ahora es necesario corregir para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.
Aclaró que el gobierno federal no contempla desalojos masivos, y que cualquier acción en ese sentido deberá resolverse judicialmente. En cambio, insistió en que el objetivo es brindar alternativas legales y justas tanto para los actuales ocupantes como para los derechohabientes que todavía pagan por sus viviendas y no las habitan, a fin de evitar más fraudes o conflictos legales prolongados.
La presidenta enfatizó que mientras se trabaja en la meta de construir un millón 100 mil nuevas viviendas durante su sexenio, no es viable ignorar las 800 mil ya edificadas que hoy representan un grave problema social y económico. De ahí la importancia del censo en curso, que permitirá tomar decisiones informadas sobre el destino de cada inmueble sin afectar la propiedad privada ni los derechos laborales de quienes adquirieron legítimamente sus casas.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que la intención del gobierno no es premiar la ocupación ilegal, sino resolver una situación compleja con estricto apego a la ley y respeto a los derechos de todos los involucrados. “No podemos cerrar los ojos ante esta realidad; sería irresponsable. Lo que buscamos es una solución justa, ordenada y legal para beneficio de todos”, concluyó.
