El intento del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, de obtener una prórroga para permanecer cuatro años más al frente de la institución ha generado un fuerte rechazo entre académicos, trabajadores universitarios y aspirantes a la rectoría. A través de una carta, 80 catedráticos exigieron a la Junta de Gobierno que no avale dicha petición, la cual consideran un atentado contra la legalidad universitaria. El documento solicita que se abra un proceso transparente para discutir nuevos proyectos que definan el futuro de la UV.
Los firmantes calificaron como “turbio” el manejo legal con el que se busca justificar la extensión del periodo rectoral, señalando que se trata de una estrategia para evadir los límites establecidos en la normatividad. Particularmente, advierten que por su edad, Aguilar Sánchez —quien ya cuenta con 68 años— no puede ser reelegido conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de la UV, que estipula como requisito para ocupar el cargo ser menor de 65 años.
En una conferencia de prensa, los académicos Rafael Vela Martínez y Jorge Manzo Denés, quienes aspiran a la rectoría, también expresaron su rechazo a la posibilidad de reelección. Coincidieron en que, además de la ilegalidad de la petición, la Universidad atraviesa un momento que requiere una visión renovada y mayor compromiso social. Rafael Vela denunció además que la UV tiene presencia física únicamente en 22 municipios del estado y que es necesario ampliar su cobertura a más regiones marginadas.
Por su parte, Vela Martínez acusó públicamente que ha sido víctima de acoso por parte de técnicos académicos de la institución como represalia por su postura crítica. Relató que se le ha obstaculizado en la organización de eventos académicos, incluso cerrando aulas y auditorios, y aseguró que ha sido fotografiado y vigilado por personal universitario en sus actividades cotidianas.
El investigador también advirtió que la gestión de Aguilar Sánchez podría tener consecuencias legales si se comprueban afectaciones institucionales durante su mandato. Señaló que el rector ha incurrido en subejercicios presupuestales por más de 500 millones de pesos, y que cualquier universitario afectado podría iniciar acciones legales por los daños provocados. “Se busca evitar una evaluación de su desempeño y prolongar un modelo de gestión que ya ha sido cuestionado”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron la omisión del rector ante los recortes federales a las becas de posgrado. Según Vela Martínez, cuando el CONAHCYT redujo estos apoyos, el rector prefirió simular una solución en lugar de alzar la voz en defensa de los estudiantes. Asimismo, recordó que su participación en una manifestación para protestar por estas decisiones fue objeto de reclamos por parte de la Rectoría, lo que refuerza, según dijo, el clima de persecución al interior de la Universidad.
Frente a esta crisis institucional, tanto los académicos firmantes del pronunciamiento como los aspirantes a la rectoría hicieron un llamado a la Junta de Gobierno a rechazar la solicitud del rector y garantizar un proceso de sucesión legítimo y transparente. Insisten en que el futuro de la Universidad Veracruzana debe construirse sobre la base del respeto a la legalidad y la apertura a nuevas propuestas, alejadas de intereses personales o de grupo.
