La segunda reunión entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó sin acuerdos tras más de cuatro horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Los maestros acusaron a las autoridades de mantener una postura inamovible y “oídos sordos”, especialmente en torno a su exigencia principal: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Como resultado, continuará el paro nacional iniciado hace 18 días y el plantón en el Zócalo capitalino.
Los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación), Martí Batres (ISSSTE) y un representante de Hacienda reiteraron las propuestas ya presentadas el 28 de mayo, lo que fue rechazado por la CNTE. “Es una burla de parte del gobierno que se ponga en ese plan de cerrazón”, declaró Eva Hinojosa, dirigente de la sección XVIII de Michoacán. La CNTE exigió un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora no ha intervenido directamente en las mesas.
Pese a que el Gobierno insiste en que sus propuestas representan “la máxima posibilidad financiera” del Estado, el magisterio insiste en la derogación de la reforma que eliminó el sistema de pensiones solidarias. Aunque Sheinbaum ha ofrecido reforzar el fondo de pensiones para el bienestar, garantizando un ingreso de hasta 17 mil pesos mensuales, la CNTE lo considera insuficiente.
Desde la Coordinadora se advierte que no aceptarán menos de lo logrado durante el sexenio anterior, cuando obtuvieron un aumento salarial del 13%. Hasta el momento, el nuevo gobierno ha ofrecido un incremento del 9% retroactivo a enero y otro 1% desde septiembre, sin claridad aún sobre su impacto en el salario base. Este punto podría convertirse en una vía intermedia para destrabar el conflicto.
El desgaste es evidente tanto en los manifestantes como en las autoridades. La movilización ha perdido fuerza en días recientes, pero este lunes recibió refuerzos de varias entidades. Aun así, el plantón continúa en la capital, resistiendo incluso bajo la lluvia. La CNTE celebrará una Asamblea Nacional Representativa para definir nuevas acciones, sin descartar futuras reuniones con el Gobierno.
Aunque se ha descartado por ahora un boicot electoral, la presión social y política sigue presente. La Coordinadora asegura que su lucha no se detendrá hasta lograr un cambio real en el sistema de pensiones, mientras el Ejecutivo intenta mantener el control sin comprometer recursos que considera inviables.
