Las elecciones judiciales celebradas este domingo en México, un ejercicio inédito para renovar más de 2,600 cargos en el Poder Judicial, terminaron siendo un fracaso. Cerca de 90 millones de mexicanos decidieron no acudir a las urnas, mostrando un contundente rechazo o desinterés hacia este modelo que buscaba democratizar la justicia y reducir la impunidad. A pesar de haber sido aprobadas como parte de la reforma judicial impulsada por Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, la jornada estuvo marcada por el abstencionismo, la apatía y el desorden, con casillas que no se instalaron y funcionarios que simplemente no acudieron.
A nivel técnico, los comicios también enfrentaron retos significativos. Las boletas contenían más de 7,700 nombres sin fotografías, organizados solo por colores, lo que confundió a muchos votantes, especialmente adultos mayores. En algunas casillas, como la ubicada en la colonia Azteca de León, Guanajuato, el ambiente era desolador desde la mañana: sin filas, sin bullicio y apenas algunos ciudadanos tratando de descifrar cómo votar al tener que escribir el número del aspirante en vez de marcar una simple “X”. La desconexión entre la propuesta gubernamental y el conocimiento ciudadano quedó expuesta.
La reforma que dio paso a esta elección había generado preocupaciones desde el inicio. Fue aprobada el año pasado por Morena, desatando temores en mercados financieros y en gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, al percibir un riesgo de debilitamiento de la independencia judicial y de la democracia misma. Además, en los días previos al proceso, políticos oficialistas admitieron que varios aspirantes tenían nexos con el crimen organizado, lo que derivó en impugnaciones y minó aún más la legitimidad del ejercicio.
Observadores internacionales calificaron la jornada como pacífica, pero dejaron claro que la gran pregunta es cuántos participaron realmente. Expertos como Máximo Zaldívar, de la Misión de Personas Expertas Internacionales, destacaron que los partidos políticos no participaron activamente, lo que puede explicar la baja movilización. Además, alertaron sobre la “línea gris” del uso de acordeones, donde si bien es válido que los ciudadanos lleven listas, también pudo haberse dado coacción o injerencia política, algo conocido como “voto en plancha” en América Latina.
A pesar de que en algunos lugares las casillas funcionaron correctamente y hubo funcionarios dispuestos a ayudar, los reportes coincidieron en que la votación fue lenta y confusa, debido al volumen de nombres a elegir. Representantes de IDEA Internacional resaltaron que esta elección genera expectativa internacional para evaluar si puede fortalecer o no el Estado de Derecho. Sin embargo, la experiencia boliviana, mencionada por la experta Katia Uriona, muestra que para funcionar mejor se requiere un modelo más limitado y, sobre todo, voto obligatorio, lo que en México no aplica.
El cómputo oficial de votos se llevará a cabo en las primeras dos semanas de junio, y los resultados definitivos se esperan para el 15 de ese mes. Sin embargo, el reto no termina ahí: en 2027, otros miles de cargos judiciales estarán en juego, y las autoridades tendrán que trabajar para evitar que se repita el fenómeno del desinterés masivo. Si la primera elección judicial quedó marcada por la apatía y el caos, la pregunta es si habrá un verdadero aprendizaje para el futuro o si este modelo está destinado al fracaso.
Más allá de los cómputos y las cifras, lo que quedó claro este domingo es que México enfrenta un desafío mucho más profundo que el de elegir jueces, magistrados o ministros: el de reconectar al ciudadano común con los procesos democráticos y con la justicia misma. Sin esa participación activa, cualquier intento de reforma puede quedarse solo en el papel.
