El Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coordinado por estudiantes de diversas universidades como la IBERO, UNAM, Anáhuac y Panamericana, presentó su primer informe sobre las campañas digitales y los perfiles de las candidaturas (el cual puedes revisar dando click aquí). El balance es contundente: solo el 0.28% del padrón electoral sigue a alguna candidatura en redes sociales, lo que revela un alcance ínfimo para un proceso que impactará al máximo tribunal del país.
Facebook fue identificado como el principal canal de difusión, pero los 289,931 seguidores acumulados entre todas las cuentas representan apenas una fracción minúscula del electorado. Aunque el 45% de las candidaturas consideró las redes como su herramienta principal de promoción, la mitad de la población mexicana carece de internet en casa, reduciendo aún más el impacto. Para Sofía Otero, periodista egresada de la IBERO, los resultados son alarmantes: “Es evidente que la reforma judicial necesita repensarse para garantizar el derecho a la información”.
La reforma que regula esta elección prohibió los espacios en radio y televisión, lo que dejó a millones sin acceso a información sobre las y los aspirantes. Según el informe, ni siquiera entre quienes tienen intención de votar —alrededor del 38% del padrón— se logró suplir la falta de cobertura mediática, pues muchas de esas personas no consumen contenidos digitales. El volanteo, usado por el 38% de las candidaturas, no logró llenar ese vacío.
El informe también reveló que casi el 60% de las candidaturas carecen de carrera judicial, lo cual preocupa ante la naturaleza del puesto al que aspiran. La disparidad es aún mayor entre hombres (80.65% sin formación judicial) frente a mujeres (62.5% con formación judicial). Más del 70% de los perfiles analizados tampoco cuenta con especialización en áreas clave como medio ambiente, pueblos indígenas o derechos de personas con discapacidad.
Además de la baja calidad en las estrategias digitales, se detectaron problemas en la presentación de currículums, perfiles poco profesionales en redes sociales, y preocupantes indicios de nepotismo, vínculos partidistas y antecedentes dudosos. La ausencia de boletas en braille, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y medidas afirmativas para grupos históricamente excluidos también fueron señaladas como fallas graves en accesibilidad.
Lucía Panqueva, una de las coordinadoras del Observatorio, adelantó que tras las elecciones del domingo se publicará un nuevo informe para detallar los resultados y explicar a la ciudadanía quiénes conformarán la nueva Suprema Corte. El equipo analizó los perfiles de 63 candidaturas, a partir de más de 400 fuentes, y asegura que su labor continuará para exigir transparencia y rendición de cuentas.
El llamado final del Observatorio es claro: fortalecer los mecanismos de comunicación pública y garantizar elecciones verdaderamente democráticas y accesibles. La elección de los integrantes de la SCJN no puede dejarse solo en manos de redes sociales mal gestionadas ni de reformas que limitan el acceso ciudadano a la información esencial.
