Un nuevo recurso legal ha sido presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que solicite a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el dictamen sobre el presunto plagio en la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra y candidata a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El abogado Raúl Andrade considera que este documento es clave para que el INE pueda determinar si Esquivel cumple con los requisitos constitucionales de buena fama pública e idoneidad, necesarios para ocupar dicho cargo. Aunque una orden judicial impide difundir el contenido del dictamen, Andrade argumenta que esto no impide que la autoridad electoral lo solicite.
La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, a través de su Comité de Integridad Académica y Científica, ya concluyó que la tesis presentada por Esquivel es una copia sustancial de la elaborada en 1986 por Edgar Ulises Báez. Sin embargo, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que el Comité de Ética de la UNAM no puede difundir el dictamen correspondiente, lo que ha dejado el asunto en suspenso. El recurso legal presentado pide al INE intervenir directamente, ya que considera que la resolución judicial no tiene efecto vinculante en el ámbito electoral.
El escrito de Andrade, dirigido a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, es el primero que plantea la inelegibilidad de Esquivel ante el INE. El abogado subraya que no existe resolución jurisdiccional que valide la autoría de la tesis ni, por lo tanto, el título profesional de Esquivel, requisito indispensable para contender por el cargo. El artículo 77 Ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la nulidad de la elección si no se cumplen estos requisitos.
La Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., representada por Andrade, ha sido protagonista en los litigios contra la reforma judicial, logrando suspensiones clave para frenar temporalmente su implementación. El activista y doctor en derecho recalca que permitir la elección de una ministra sin que cumpla cabalmente los requisitos constitucionales es un tema de “importancia especial y urgente trámite”, que no debe ser ignorado por las autoridades.
Este caso revive el debate público sobre la ética y los estándares que deben regir en el máximo tribunal del país. La sociedad mexicana sigue atenta al desenlace, mientras crece la presión sobre el INE para que actúe conforme a los principios de legalidad y transparencia que exige el proceso electoral.
