Wendy Lizeth Martínez Quijada, de 39 años, fue asesinada la tarde del miércoles 21 de mayo dentro del Hospital General de Tijuana por sujetos que se hicieron pasar por personal médico. Las cámaras de seguridad del área de urgencias captaron el momento en que uno de los agresores, vestido con bata médica, espera frente a una sala, habla por teléfono y, al ver despejado el camino, entra a la habitación donde se encontraba la víctima y le dispara a quemarropa antes de huir.
Wendy había sido hospitalizada desde el martes tras sobrevivir a un ataque armado ocurrido en la colonia Ignacio Ramírez. Ingresó con heridas de bala en el abdomen, brazo y pierna. Según versiones preliminares, estaba bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal. Sin embargo, ello no impidió que los sicarios burlaran la seguridad y consumaran el ataque dentro del área médica.
La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Las grabaciones muestran a los agresores con uniformes médicos de color verde, lo que les permitió evadir los controles de acceso. Algunos testigos refirieron que uno de ellos dejó caer un arma al cruzar el estacionamiento, aunque esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente.
El crimen ha generado gran indignación, ya que expone una vulnerabilidad alarmante en la seguridad de los hospitales públicos. El ataque se dio a escasos metros del acceso principal del hospital, lo que ha desatado cuestionamientos sobre el protocolo de vigilancia, especialmente considerando que la víctima ya había sido atacada y se encontraba en recuperación bajo supuesta protección policial.
En respuesta al asesinato, la Secretaría de Salud estatal informó que el hospital no suspenderá sus servicios y que se reforzó la vigilancia en el área de urgencias. Pese a ello, usuarios y personal médico temen por su seguridad ante la posibilidad de que hechos violentos se repitan al interior de instalaciones destinadas a la atención y el cuidado de la vida.
Hasta ahora no se han reportado personas detenidas, y las autoridades estatales no han revelado mayores detalles sobre la identidad o el móvil de los atacantes. El caso pone en evidencia la capacidad de grupos criminales para operar incluso en espacios hospitalarios y plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las medidas de protección para víctimas de la violencia que buscan refugio en centros médicos.
